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Muerte en el estadio

 

Un muerto, un herido por arma blanca y un árbitro con la cabeza abierta son motivos suficientes para afrontar definitivamente la violencia en el fútbol con algo más que buenas palabras y discursos de condena. Los criminales incidentes perpetrados en la última jornada de la Liga y la Copa del Rey ponen a los poderes públicos y a las directivas de los clubes en la obligación de adoptar medidas drásticas de control y seguridad en los campos y en sus aledaños, antes y después del partido. El Gobierno defendió ayer el dispositivo policial desplegado en Santiago de Compostela y recordó que la reforma del Código Penal, pendiente en el Senado, contempla una agravación específica de la violencia en recintos deportivos con una pena complementaria de alejamiento de los campos de fútbol hasta un máximo de tres años.

Esta reforma legislativa es oportuna y, a la vista está, necesaria, pero hay que asegurarse de que, cuando llegue el momento, se cumpla. Esto exigirá el control policial sobre los condenados y el conocimiento de su identidad por los clubes, a los que se les debe responsabilizar si aquéllos acceden al campo a pesar de tenerlo prohibido. En otro caso, ni la condena tendrá eficacia sobre el condenado ni será ejemplarizante para otros. Las misma firmeza deben mostrar los organismos de disciplina deportiva en las sanciones a los clubes, única manera de que se comprometan -tanto directivas como aficiones- a expulsar de sus gradas a los violentos.

Pero el debate se está haciendo más amplio que el de la intensidad de la respuesta punitiva, porque actualmente no faltan leyes penales y administrativas para castigar a los autores de los hechos delictivos y a los clubes responsables -que no es lo mismo que culpables- de los incidentes. El verdadero problema es la capacidad criminógena que está adquiriendo el fútbol, hasta el extremo de convertir a un padre de familia en un navajero que, en presencia de su hijo, apuñala a un aficionado del equipo rival; o de enloquecer a unos seguidores del Deportivo que matan a patadas a un aficionado de su propio equipo, sólo porque salió en defensa de un niño que llevaba puesta la camiseta del Compostela; o de perturbar a un espectador del partido Castellón-Valencia, certero a la hora de transformar la pila de su teléfono móvil en arma arrojadiza que abrió una brecha en la cabeza del árbitro. Esta criminalización súbita de ciudadanos normales es incontrolable para cualquier dispositivo policial, cuyos responsables, por economía de medios y por eficacia del despliegue, deben actuar preferentemente sobre grupos determinados y en partidos de riesgo, si es que a estas alturas todavía se puede hablar de unos y otros. Además, estos costes brutales siguen siendo el precio de políticas insensatas de apoyo de las juntas directivas a los grupos más radicalizados de las aficiones. No haberlos marginado a tiempo, negándoles protagonismo, dinero y medios, ha traído estas consecuencias. También las autoridades competentes tienen su parte de responsabilidad por haber contemporizado demasiado y no haber aplicado con severidad las máximas sanciones, limitándose a cierres o multas de corto alcance y rebajados en sucesivas instancias.

En el fútbol español hay un grave problema de orden público, cada vez menos episódico, probablemente menor que en otros países, si lo comparamos con Argentina o Italia, pero notorio y creciente. Sin embargo, estas conductas denotan un fenómeno progresivo más profundo que los hechos violentos, un fenómeno que escapa al tratamiento policial y judicial de la violencia en los estadios, y es la degradación del sentido que debe tener el deporte en una sociedad moderna y desarrollada, como la española, que no tiene ninguna razón para vivir el fútbol como algo distinto de un motivo para el ocio. Más policía y más sanciones abordarán una parte de la cuestión; la otra ya está en manos de una sociedad, que debe preocuparse seriamente por la falta de educación cívica y de respeto a los valores más elementales que el fútbol está desvelando con estos actos de brutalidad.

 

Fuente: ABC
09.10.03

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