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Invertir en Defensa

 

El Gobierno español ha aprobado una importante inversión en armamento y modernización de medios de las Fuerzas Armadas cifrada en 4.000 millones de euros. Este desembolso, que dotará al Ejército de helicópteros de ataque, de nuevos y más modernos submarinos, de un buque de proyección estratégica y de nuevos vehículos de combate, está orientado a elevar el nivel de eficacia de las Fuerzas Armadas, que aún así quedarán muy lejos de sus necesidades reales y de los presupuestos de los países con los que España comparte alianzas, valores y proyectos estratégicos. El plan, que creará varios miles de puestos de trabajo, supondrá un fortalecimiento de la industria europea de Defensa que acabará repercutiendo en la vida civil y será un estímulo a sectores económicos diversos, desde la electrónica a la industria pesada.

España es el país de la OTAN con menor inversión en Defensa en relación con su capacidad económica. Nuestro país destina para gastos de Defensa el 1,1 por ciento de su PIB, mientras que la media destinada a este apartado en los socios de la OTAN es del 2,25 por ciento. Lo peor es que estas cifras reflejan una tendencia constante en la última década. La participación de los presupuestos de defensa en el PIB español creció desde el 1,97 al 2,19 por ciento desde 1981 a 1985, fecha en la que se impulsaron los últimos grandes programas de armamento -aviones F-18, el portaaviones Príncipe de Asturias y las fragatas de la clase Santa María- y se mantuvo por encima del 1,6 por ciento hasta los noventa. A los gastos presupuestarios para Defensa hay que añadir los que se hacen a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología para programas de I+D, lo que no varía de manera extraordinaria las partidas, que siguen situándose muy por detrás de los países socios de la Alianza Atlántica.

España ha ido aumentando su participación en misiones militares en el exterior durante las últimas décadas. Ha habido o hay tropas españolas en misiones humanitarias o de imposición y mantenimiento de la paz en América Central, África, los Balcanes y Oriente Próximo. La participación en misiones militares contribuye a una consolidación de la estabilidad internacional imprescindible para todos, unas mejores condiciones para el ejercicio de las libertades y los derechos humanos y un mayor bienestar. Pero, además, crean un espacio de influencia política, cultural y económica para el país que las desarrolla. Para participar en las mismas no basta la voluntad política, sino que es necesaria la capacidad estratégica, y esa capacidad depende de los medios necesarios: unidades entrenadas y pagadas de manera conveniente, la posibilidad de traslados en condiciones de seguridad a escenarios lejanos y el armamento imprescindible para una labor disuasoria o para hacer frente a una agresión si llega el caso. Al mismo tiempo no hay que descuidar la Defensa en su sentido más estricto y tradicional, es decir, la capacidad de hacer frente a una agresión desde el exterior, una catástrofe interior o la asunción de un compromiso con los aliados.

Esa creciente importancia de España en la escena internacional no se ha visto acompañada por una inversión sostenida en Defensa, una modernización de armamentos y medios, una mayor dedicación presupuestaria a esos hombres y mujeres que arriesgan su vida en defensa de la libertad y la legalidad internacional. Ése es el punto de inflexión que ha marcado la reciente aprobación del programa de armamentos por parte del Gobierno, aunque no acaba ahí.

Para contribuir a los gastos, el Ministerio de Defensa ha decidido subastar terrenos de su propiedad, un mecanismo que busca obtener la mayor rentabilidad de su patrimonio con el objeto de atenuar el efecto negativo que las inversiones en armamento habrán de tener en los Presupuestos Generales del Estado.

Como toda operación de liberación de suelo público, ésta puede repercutir sobre el entorno urbano, el precio de la vivienda y la ordenación urbanística, y como en toda operación de este tipo es imprescindible la transparencia en la actuación. Ésa debe ser, más allá de discutibles consideraciones éticas, la principal preocupación del Ministerio de Defensa.

 

Fuente: ABC
10.09.03

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