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La amenaza de un verano
sin agua y a oscuras
La sequía y el
temor a que se repitan los apagones han disparado las alarmas ante un
verano que se antoja uno de los más calurosos de los últimos años.
Eléctricas y
Administración se movilizan para que los efectos no vayan a mayores,
sobre todo, en pleno apogeo del turismo. La ausencia de lluvias ha
generado al campo pérdidas de 2.700 millones de euros.
No son las 10 plagas
que Dios envió a Egipto como castigo por su opresión sobre los
israelitas, pero la amenaza de apagones eléctricos, sequía y,
consecuentemente, incendios forestales, erosión y desertización ha
disparado las alarmas ante un verano que se antoja uno de los más
caluroso. La falta de lluvias, además, ha ahondado la herida abierta
entre Gobierno y oposición por la derogación del trasvase del Ebro en
favor de unas desaladoras que atrasan en un año la llegada de agua a las
cuencas deficitarias. Empresas y Administración se están movilizando
para que los efectos no vayan a mayores, sobre todo, en pleno apogeo del
turismo, una de las principales fuentes de riqueza del país.
Semana tras semana, la plaga de la sequía climatológica va tiñendo de
pardo el campo; la tierra se agrieta. Es la España seca. Los
devastadores efectos empezaron por el sur de la península, se
extendieron a Extremadura y, hace un mes, se detectaron en Castilla y
León. Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La
Mancha... Es un suma y sigue en uno de los periodos más secos de los
últimos 60 años.
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«Los daños son mayores
de lo que esperábamos», reconoce José Carlos Caballero, jefe de
servicios técnicos de Asaja, organización que cifra las pérdidas en
cultivos de secano y ganadería extensiva en 2.700 millones de euros. Y
subiendo.
Las restricciones en el regadío no se han hecho esperar en Aragón,
Cataluña, Murcia y algunas zonas de Castilla-La Mancha y Cádiz. De
momento, estos cultivos están tirando de los embalses, cuyo nivel es
«aceptable», con un 58,3% de su capacidad, aunque un 23,8% menos que las
reservas de agua de hace un año. Pero, semana tras semana, la cota del
preciado líquido va menguando, y las previsiones meteorológicas no son
nada halagüeñas de cara al otoño. Por lo que de continuar sin lluvias,
el quebranto económico será astronómico.
El Gobierno, que habla de «prealerta», asegura que, al menos, hasta
septiembre el consumo urbano está garantizado.
El ministerio de Medio Ambiente que dirige Cristina Narbona y el de
Agricultura, comandado por Elena Espinosa, han presentado propuestas de
obras de emergencia y ayudas al campo, respectivamente, que son
esperadas como agua de mayo, nunca mejor dicho.
Pese a las buenas intenciones, lo cierto es que los afectados no podrán
beneficiarse de las medidas urgentes de Narbona hasta, al menos, un año.
Eso si no hay obstáculos en el camino, que los habrá. «Mientras el
Gobierno no declare oficialmente la sequía, cualquier obra de emergencia
es ilegal. Vamos a mirar con lupa cada actuación», dice María Teresa de
Lara, diputada del PP.
El plan de Narbona contempla acciones para garantizar el abastecimiento
urbano y limitar las repercusiones de la sequía en algunos regadíos, a
partir de restricciones (más información sobre el paquete de medidas
para atajar la sequía de Medio Ambiente en página siguiente).
Hablar de restricciones es sinónimo de falta de infraestructuras, según
denuncia la patronal de los regantes, Fenacore. «Si queremos solucionar
el problema del déficit cíclico y endémico de la sequía, no hay más
remedio que hacer trasvases y construir embalses», afirma su presidente,
Andrés del Campo. «Hace tiempo que la política de almacenamiento de agua
se abandonó en España de forma errónea», añade Asaja.
«Si continuamos sin precipitaciones, el año que viene vamos a tener
serios daños en el regadío. De no haber derogado el trasvase del Ebro,
en 2006 en Murcia no tendríamos este problema que, para nosotros, es
estructural», se queja Antonio Cerdá, consejero de Agricultura de la
mencionada región.
Pero la ministra no quiere ni oír hablar de llevar agua de una cuenca a
otra. Su llegada a Medio Ambiente ha supuesto la supresión de la obra
estrella del anterior Gobierno por unas desaladoras de las que aún no se
sabe ni el número ni su ubicación, de tal manera que como muy pronto
estarán operativas a mediados de 2007.Además, la ministra ha paralizado
medidas contempladas en el anterior Plan Hidrológico Nacional. «Hay
muchas otras actuaciones que se podrían ir haciendo, pero como el
Ministerio ha querido ir revisando una por una, el resultado es que el
campo español ha perdido 15 meses», apunta De Lara. «Las políticas
hídricas deben tener continuidad en los distintos gobiernos, porque son
obras a muy largo plazo», se lamenta Del Campo.
Un informe del Ministerio a 1 de junio, sobre la situación de las
cuencas del actual año hidrológico iniciado en septiembre, refleja que
no hay problemas de suministro en las tres cuencas del norte (ver
gráfico). En las del Atlántico -Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir-
hay problemas «puntuales» en abastecimiento urbano y en regadío y la
cabecera del Tajo tiene una «precaria» situación, ya que el agua
embalsada de la cuenca tiene un nivel del 45,5%.
El arco del mediterráneo es el que se lleva la peor parte. Pese a que
las reservas del Ebro están en el 72,8%, su margen izquierda está en tal
situación que se han impuesto restricciones «importantes» a los
suministros de riegos. Hay problemas de abastecimiento urbano en Huesca
y en la cuenca del Júcar, donde los embalses están al 30,7% de su
capacidad. En esta zona, el regadío está seriamente afectado. El Segura
presenta doble problema por las escasas reservas en sus represas -17%- y
por las dificultadas para un trasvase, por la mencionada situación del
Tajo.
Estas restricciones, sin duda, tocarán de lleno al precio de los
alimentos no elaborados. Los expertos consideran que «no hay datos
fiables» y que es «pronto» para hacer una estimación sobre la posible
subida de los precios al consumidor final. Pero teniendo en cuenta que
el peso de esta partida en el Índice de Precios al Consumo (IPC) es del
8,3%, la presión alcista sobre la inflación puede traducirse en «dos o
tres décimas», apunta un experto de una entidad financiera, que se
muestra muy cauteloso. Si bien, este año, además, el encarecimiento de
los alimentos no sólo viene por el calor, también por la subidas
provocadas por las heladas del invierno, que elevaron los precios un
3,5%.Un buen ejemplo es observar lo ocurrido en la anterior ola de calor
en 2003. Entonces algunos alimentos frescos acumulaban subidas del 50%.
Por el momento, los cultivos más afectados son la remolacha, el olivar y
los cereales. Los ganaderos están sufriendo la falta de pastos donde
alimentar a los animales y están recurriendo a los piensos, lo que
incrementa sus costes.
El fantasma del apagón
La falta de agua también ha tocado al sector eléctrico. Según la
patronal del sector, Unesa, hasta mayo la producción de energía
hidroeléctrica cayó un 40,6%, respecto al mismo periodo del año
anterior. Ya el año pasado, la baja hidraulicidad provocó un descenso
del 23,5% de los kilovatios producidos respecto a 2003.
Las compañías están echando mano de otras tecnologías para suplir ese
25% de energía que aporta el agua y cuyo coste es cero. El relevo lo
están tomando fuentes térmicas que son más caras como el carbón, gas y
fueloil; estos dos últimos combustibles están ligados a la evolución del
precio del petróleo -el barril de brent está a 53,83 dólares-.
La consecuencia del deterioro del mix de producción ha provocado que los
costes de aprovisionamiento aumenten alcanzando un déficit de alrededor
de 600 millones de euros en el primer trimestre, según estimaciones del
sector. «Sólo en 2004, que no fue tan severo en efectos de hidraulicidad,
los gastos de aprovisionamiento se incrementaron un 17%. En lo que va de
2005, el porcentaje de incremento ha sido todavía superior», asevera
Pedro Rivero, vicepresidente de Unesa. «Este año se han juntado la falta
de agua y un crudo alto, por lo que producir electricidad va a ser
significativamente más caro. Como las tarifas no han subido, se va a
producir un déficit que puede poner en riesgo las inversiones futuras»,
advierte Miguel Muguiro, vicepresidente de ATKearney.
Pero este problema alcanza una mayor dimensión si se tiene en cuenta que
en lo que va de año, la demanda eléctrica se ha elevado ya un 7,3% y que
el 1 de enero entraron en vigor los derechos de emisión de gases
contaminantes para cumplir Kioto. De esta forma, el aumento del uso de
energía térmica puede ser mayor que los derechos adquiridos, con lo que
las compañías se van a ver obligadas a comprar más permisos de emisión.
Así, Endesa tuvo hasta marzo un sobrecoste por este concepto de 25
millones de euros. «No tiene sentido», dicen fuentes del sector que
añaden que «la sequía pone en evidencia que no se puede prescindir de
ninguna fuente, porque lo normal es que, además, tampoco se pueda tirar
de la energía eólica».
Las eléctricas dicen que en situaciones como esta, más que nunca la
clave está en la eficiencia energética. En otras palabras: que este
verano no se abuse del aire acondicionado. Así lo ha pedido la ministra
Narbona para no provocar cortes de luz. Pero la realidad es que en lo
último que piensan Pepe o María es en contener los grados de sus aires.
Por tanto, el mayor esfuerzo para evitar problemas en el suministro
eléctrico tiene que salir de las compañías.
Y es que, un año más hay que hablar del fantasma del apagón por ese
cocktail explosivo que forman una demanda disparada, una red de la que
saltan chispas y una tarifa que no permite la recuperación de las
inversiones.
Eléctricas y administración aseguran que este verano no se van a
producir serios cortes de luz, sino que serán «puntuales», porque
«problemas habrá siempre», según ha reconocido el presidente de Endesa,
Manuel Pizarro. «El mensaje que no entienden los usuarios es que no
puedes tener una red que no se caiga nunca porque sale carísima», afirma
Muguiro.
En este sentido, el argumento que usan las empresas es la falta de
incentivos para invertir en distribución por una tarifa que está
intervenida y no reconoce el esfuerzo en mejorar la calidad del sistema.
Y es ahí, en la red, donde está la amenaza de los cortes de luz, no en
la generación de electricidad donde hay un 20% de capacidad por encima
de la demanda, según las compañías.
Las zonas más sensibles, por la mayor afluencia de turistas, siguen
estando en Andalucía, Cataluña, Baleares y Canarias, operadas por
Endesa; y Levante, por Iberdrola.
El pasado año, las eléctricas agrupadas en Unesa invirtieron 2.619
millones en generación, aumentando la potencia instalada un 7,5%,
principalmente en plantas de ciclo combinado y parques eólicos. A
distribución dedicaron 1.823 millones. En los próximos cuatro años, las
empresas desembolsarán 16.400 millones de los que un 60% se destinará a
la construcción de nuevas plantas y el resto a suministro.
Endesa, cuya red es la que más interrupciones sufre, ha puesto en marcha
un plan para mejorarla en Andalucía, donde la punta de demanda se eleva
un 20% en algunas zonas. El proyecto contempla inversiones en dos años
por valor de 1.048 millones de euros, de los que ya ha desembolsado 800
millones. Y en Cataluña se invertirán hasta 2008 un total de 2.401
millones de euros, de los que el 72% irán a suministro eléctrico. La
compañía se queja de tener varios proyectos paralizados en el sur, por
las reticencias de la Administración y de las comunidades de vecinos, y
pide paciencia para «corregir los errores del sistema».
En el periodo 2002-2006, Iberdrola destinará 700 millones a la
distribución de energía en la Comunidad valenciana y 250 millones en
Murcia.
Un año más, los turistas no sólo volverán a llevarse el recuerdo de una
España a oscuras, sino seca.
Respuestas a la
sequía
Cristina Narbona, Ministra de Medio Ambiente |
| La escasez de
lluvias en buena parte de España durante los últimos meses
comporta efectos graves para la agricultura y la ganadería, en
particular en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y
Castilla-La Mancha, así como en otros ámbitos puntuales. El
Ministerio de Medio Ambiente comenzó a tomar decisiones desde
febrero, concretadas en obras de emergencia -más de 370 millones
de euros-, y en la rehabilitación de pozos de sequía, abiertos
en la anterior sequía, que no han necesitado mantenimiento
durante estos años de bonanza meteorológica.
El Ministerio está
también acelerando la redacción de los planes de gestión de
sequías, previstos en la Ley del PHN que deberían haberse
aprobado en julio de 2003 y que no estaban hechos al inicio de
esta legislatura. Durante el mes de junio, las Confederaciones
Hidrográficas dispondrán de los protocolos con las medidas a
adoptar en función de la evolución de varios indicadores. Se
iniciará en breve una campaña de concienciación sobre la
necesidad de hacer un uso más responsable del agua; algo que
debe ser permanente. Campañas anteriores demuestran que se puede
ahorrar hasta un 20% en los consumos urbanos, y que, por tanto,
sería también posible consolidar hábitos comunes en países muy
avanzados, en los que, por cierto, llueve mucho más que aquí.
La sequía es
una oportunidad para corregir errores cometidos desde la vieja
concepción de la política del agua, que ha dado absoluta
prioridad a las infraestructuras, minusvalorando la importancia
de la buena gestión de las mismas, de los acuíferos, el consumo
eficiente del agua y el control de la calidad de la misma.
Cuanta más agua haya siempre en embalses, ríos y acuíferos,
menos graves serán los efectos de las sequías. |
Fuente: El Mundo
12.06.05
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