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Jueves, 16 de junio de 2005


Seguridad Medioambiental y Protección del Entorno

Seguridad Pública y Protección Civil

La amenaza de un verano sin agua y a oscuras

La sequía y el temor a que se repitan los apagones han disparado las alarmas ante un verano que se antoja uno de los más calurosos de los últimos años.

 

Eléctricas y Administración se movilizan para que los efectos no vayan a mayores, sobre todo, en pleno apogeo del turismo. La ausencia de lluvias ha generado al campo pérdidas de 2.700 millones de euros.

No son las 10 plagas que Dios envió a Egipto como castigo por su opresión sobre los israelitas, pero la amenaza de apagones eléctricos, sequía y, consecuentemente, incendios forestales, erosión y desertización ha disparado las alarmas ante un verano que se antoja uno de los más caluroso. La falta de lluvias, además, ha ahondado la herida abierta entre Gobierno y oposición por la derogación del trasvase del Ebro en favor de unas desaladoras que atrasan en un año la llegada de agua a las cuencas deficitarias. Empresas y Administración se están movilizando para que los efectos no vayan a mayores, sobre todo, en pleno apogeo del turismo, una de las principales fuentes de riqueza del país.

Semana tras semana, la plaga de la sequía climatológica va tiñendo de pardo el campo; la tierra se agrieta. Es la España seca. Los devastadores efectos empezaron por el sur de la península, se extendieron a Extremadura y, hace un mes, se detectaron en Castilla y León. Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha... Es un suma y sigue en uno de los periodos más secos de los últimos 60 años.

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«Los daños son mayores de lo que esperábamos», reconoce José Carlos Caballero, jefe de servicios técnicos de Asaja, organización que cifra las pérdidas en cultivos de secano y ganadería extensiva en 2.700 millones de euros. Y subiendo.

Las restricciones en el regadío no se han hecho esperar en Aragón, Cataluña, Murcia y algunas zonas de Castilla-La Mancha y Cádiz. De momento, estos cultivos están tirando de los embalses, cuyo nivel es «aceptable», con un 58,3% de su capacidad, aunque un 23,8% menos que las reservas de agua de hace un año. Pero, semana tras semana, la cota del preciado líquido va menguando, y las previsiones meteorológicas no son nada halagüeñas de cara al otoño. Por lo que de continuar sin lluvias, el quebranto económico será astronómico.

El Gobierno, que habla de «prealerta», asegura que, al menos, hasta septiembre el consumo urbano está garantizado.

El ministerio de Medio Ambiente que dirige Cristina Narbona y el de Agricultura, comandado por Elena Espinosa, han presentado propuestas de obras de emergencia y ayudas al campo, respectivamente, que son esperadas como agua de mayo, nunca mejor dicho.

Pese a las buenas intenciones, lo cierto es que los afectados no podrán beneficiarse de las medidas urgentes de Narbona hasta, al menos, un año. Eso si no hay obstáculos en el camino, que los habrá. «Mientras el Gobierno no declare oficialmente la sequía, cualquier obra de emergencia es ilegal. Vamos a mirar con lupa cada actuación», dice María Teresa de Lara, diputada del PP.

El plan de Narbona contempla acciones para garantizar el abastecimiento urbano y limitar las repercusiones de la sequía en algunos regadíos, a partir de restricciones (más información sobre el paquete de medidas para atajar la sequía de Medio Ambiente en página siguiente).

Hablar de restricciones es sinónimo de falta de infraestructuras, según denuncia la patronal de los regantes, Fenacore. «Si queremos solucionar el problema del déficit cíclico y endémico de la sequía, no hay más remedio que hacer trasvases y construir embalses», afirma su presidente, Andrés del Campo. «Hace tiempo que la política de almacenamiento de agua se abandonó en España de forma errónea», añade Asaja.

«Si continuamos sin precipitaciones, el año que viene vamos a tener serios daños en el regadío. De no haber derogado el trasvase del Ebro, en 2006 en Murcia no tendríamos este problema que, para nosotros, es estructural», se queja Antonio Cerdá, consejero de Agricultura de la mencionada región.

Pero la ministra no quiere ni oír hablar de llevar agua de una cuenca a otra. Su llegada a Medio Ambiente ha supuesto la supresión de la obra estrella del anterior Gobierno por unas desaladoras de las que aún no se sabe ni el número ni su ubicación, de tal manera que como muy pronto estarán operativas a mediados de 2007.Además, la ministra ha paralizado medidas contempladas en el anterior Plan Hidrológico Nacional. «Hay muchas otras actuaciones que se podrían ir haciendo, pero como el Ministerio ha querido ir revisando una por una, el resultado es que el campo español ha perdido 15 meses», apunta De Lara. «Las políticas hídricas deben tener continuidad en los distintos gobiernos, porque son obras a muy largo plazo», se lamenta Del Campo.

Un informe del Ministerio a 1 de junio, sobre la situación de las cuencas del actual año hidrológico iniciado en septiembre, refleja que no hay problemas de suministro en las tres cuencas del norte (ver gráfico). En las del Atlántico -Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir- hay problemas «puntuales» en abastecimiento urbano y en regadío y la cabecera del Tajo tiene una «precaria» situación, ya que el agua embalsada de la cuenca tiene un nivel del 45,5%.

El arco del mediterráneo es el que se lleva la peor parte. Pese a que las reservas del Ebro están en el 72,8%, su margen izquierda está en tal situación que se han impuesto restricciones «importantes» a los suministros de riegos. Hay problemas de abastecimiento urbano en Huesca y en la cuenca del Júcar, donde los embalses están al 30,7% de su capacidad. En esta zona, el regadío está seriamente afectado. El Segura presenta doble problema por las escasas reservas en sus represas -17%- y por las dificultadas para un trasvase, por la mencionada situación del Tajo.

Estas restricciones, sin duda, tocarán de lleno al precio de los alimentos no elaborados. Los expertos consideran que «no hay datos fiables» y que es «pronto» para hacer una estimación sobre la posible subida de los precios al consumidor final. Pero teniendo en cuenta que el peso de esta partida en el Índice de Precios al Consumo (IPC) es del 8,3%, la presión alcista sobre la inflación puede traducirse en «dos o tres décimas», apunta un experto de una entidad financiera, que se muestra muy cauteloso. Si bien, este año, además, el encarecimiento de los alimentos no sólo viene por el calor, también por la subidas provocadas por las heladas del invierno, que elevaron los precios un 3,5%.Un buen ejemplo es observar lo ocurrido en la anterior ola de calor en 2003. Entonces algunos alimentos frescos acumulaban subidas del 50%.

Por el momento, los cultivos más afectados son la remolacha, el olivar y los cereales. Los ganaderos están sufriendo la falta de pastos donde alimentar a los animales y están recurriendo a los piensos, lo que incrementa sus costes.

El fantasma del apagón

La falta de agua también ha tocado al sector eléctrico. Según la patronal del sector, Unesa, hasta mayo la producción de energía hidroeléctrica cayó un 40,6%, respecto al mismo periodo del año anterior. Ya el año pasado, la baja hidraulicidad provocó un descenso del 23,5% de los kilovatios producidos respecto a 2003.

Las compañías están echando mano de otras tecnologías para suplir ese 25% de energía que aporta el agua y cuyo coste es cero. El relevo lo están tomando fuentes térmicas que son más caras como el carbón, gas y fueloil; estos dos últimos combustibles están ligados a la evolución del precio del petróleo -el barril de brent está a 53,83 dólares-.

La consecuencia del deterioro del mix de producción ha provocado que los costes de aprovisionamiento aumenten alcanzando un déficit de alrededor de 600 millones de euros en el primer trimestre, según estimaciones del sector. «Sólo en 2004, que no fue tan severo en efectos de hidraulicidad, los gastos de aprovisionamiento se incrementaron un 17%. En lo que va de 2005, el porcentaje de incremento ha sido todavía superior», asevera Pedro Rivero, vicepresidente de Unesa. «Este año se han juntado la falta de agua y un crudo alto, por lo que producir electricidad va a ser significativamente más caro. Como las tarifas no han subido, se va a producir un déficit que puede poner en riesgo las inversiones futuras», advierte Miguel Muguiro, vicepresidente de ATKearney.

Pero este problema alcanza una mayor dimensión si se tiene en cuenta que en lo que va de año, la demanda eléctrica se ha elevado ya un 7,3% y que el 1 de enero entraron en vigor los derechos de emisión de gases contaminantes para cumplir Kioto. De esta forma, el aumento del uso de energía térmica puede ser mayor que los derechos adquiridos, con lo que las compañías se van a ver obligadas a comprar más permisos de emisión. Así, Endesa tuvo hasta marzo un sobrecoste por este concepto de 25 millones de euros. «No tiene sentido», dicen fuentes del sector que añaden que «la sequía pone en evidencia que no se puede prescindir de ninguna fuente, porque lo normal es que, además, tampoco se pueda tirar de la energía eólica».

Las eléctricas dicen que en situaciones como esta, más que nunca la clave está en la eficiencia energética. En otras palabras: que este verano no se abuse del aire acondicionado. Así lo ha pedido la ministra Narbona para no provocar cortes de luz. Pero la realidad es que en lo último que piensan Pepe o María es en contener los grados de sus aires. Por tanto, el mayor esfuerzo para evitar problemas en el suministro eléctrico tiene que salir de las compañías.

Y es que, un año más hay que hablar del fantasma del apagón por ese cocktail explosivo que forman una demanda disparada, una red de la que saltan chispas y una tarifa que no permite la recuperación de las inversiones.

Eléctricas y administración aseguran que este verano no se van a producir serios cortes de luz, sino que serán «puntuales», porque «problemas habrá siempre», según ha reconocido el presidente de Endesa, Manuel Pizarro. «El mensaje que no entienden los usuarios es que no puedes tener una red que no se caiga nunca porque sale carísima», afirma Muguiro.

En este sentido, el argumento que usan las empresas es la falta de incentivos para invertir en distribución por una tarifa que está intervenida y no reconoce el esfuerzo en mejorar la calidad del sistema. Y es ahí, en la red, donde está la amenaza de los cortes de luz, no en la generación de electricidad donde hay un 20% de capacidad por encima de la demanda, según las compañías.

Las zonas más sensibles, por la mayor afluencia de turistas, siguen estando en Andalucía, Cataluña, Baleares y Canarias, operadas por Endesa; y Levante, por Iberdrola.

El pasado año, las eléctricas agrupadas en Unesa invirtieron 2.619 millones en generación, aumentando la potencia instalada un 7,5%, principalmente en plantas de ciclo combinado y parques eólicos. A distribución dedicaron 1.823 millones. En los próximos cuatro años, las empresas desembolsarán 16.400 millones de los que un 60% se destinará a la construcción de nuevas plantas y el resto a suministro.

Endesa, cuya red es la que más interrupciones sufre, ha puesto en marcha un plan para mejorarla en Andalucía, donde la punta de demanda se eleva un 20% en algunas zonas. El proyecto contempla inversiones en dos años por valor de 1.048 millones de euros, de los que ya ha desembolsado 800 millones. Y en Cataluña se invertirán hasta 2008 un total de 2.401 millones de euros, de los que el 72% irán a suministro eléctrico. La compañía se queja de tener varios proyectos paralizados en el sur, por las reticencias de la Administración y de las comunidades de vecinos, y pide paciencia para «corregir los errores del sistema».

En el periodo 2002-2006, Iberdrola destinará 700 millones a la distribución de energía en la Comunidad valenciana y 250 millones en Murcia.

Un año más, los turistas no sólo volverán a llevarse el recuerdo de una España a oscuras, sino seca.

Respuestas a la sequía
Cristina Narbona, Ministra de Medio Ambiente
La escasez de lluvias en buena parte de España durante los últimos meses comporta efectos graves para la agricultura y la ganadería, en particular en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha, así como en otros ámbitos puntuales. El Ministerio de Medio Ambiente comenzó a tomar decisiones desde febrero, concretadas en obras de emergencia -más de 370 millones de euros-, y en la rehabilitación de pozos de sequía, abiertos en la anterior sequía, que no han necesitado mantenimiento durante estos años de bonanza meteorológica.

El Ministerio está también acelerando la redacción de los planes de gestión de sequías, previstos en la Ley del PHN que deberían haberse aprobado en julio de 2003 y que no estaban hechos al inicio de esta legislatura. Durante el mes de junio, las Confederaciones Hidrográficas dispondrán de los protocolos con las medidas a adoptar en función de la evolución de varios indicadores. Se iniciará en breve una campaña de concienciación sobre la necesidad de hacer un uso más responsable del agua; algo que debe ser permanente. Campañas anteriores demuestran que se puede ahorrar hasta un 20% en los consumos urbanos, y que, por tanto, sería también posible consolidar hábitos comunes en países muy avanzados, en los que, por cierto, llueve mucho más que aquí.

La sequía es una oportunidad para corregir errores cometidos desde la vieja concepción de la política del agua, que ha dado absoluta prioridad a las infraestructuras, minusvalorando la importancia de la buena gestión de las mismas, de los acuíferos, el consumo eficiente del agua y el control de la calidad de la misma. Cuanta más agua haya siempre en embalses, ríos y acuíferos, menos graves serán los efectos de las sequías.

Fuente: El Mundo
12.06.05

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