Fernando García Sánchez reclama que se garantice la estabilidad del gasto militar
“España no invierte en la seguridad global en la medida que debería”, “la operatividad está por debajo de lo que nos exigen los aliados”, cada vez que hay que desplegar un sistema de armas “se tiene que canibalizar otro similar, dejándolo fuera de servicio”, “diez años sin invertir dejan a las Fuerzas Armadas en situación crítica. Hay carencias muy importantes”, “ningún otro país de nuestro entorno invierte tan poco en Defensa”…
Fueron algunas de las frases más contundentes que pronunció Fernando Alejandre, Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), cuando compareció ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados en abril de 2018.
Fue un discurso de mucho impacto (y muy aplaudido por los militares), ya que hasta entonces no era habitual escuchar a un mando militar denunciar de forma tan directa los peligros de la baja inversión pública en Defensa que hay en España, y además hacerlo delante de los diputados del Congreso.
Confidencial Digital ha podido comprobar que otro ex JEMAD se ha sumado al debate sobre la financiación que necesitan las Fuerzas Armadas para desarrollar sus funciones con garantías.
El JEMAD de Morenés
Alejandre (del Ejército de Tierra) fue el predecesor del actual JEMAD, Miguel Ángel Villarroya (del Ejército del Aire). Ocupó el cargo entre 2017 y 2020. Antes que él estuvo al frente del Estado Mayor de la Defensa el almirante general de la Armada Fernando García Sánchez: fue nombrado por Pedro Morenés al llegar al Ministerio de Defensa a finales de 2011, en el primer Gobierno de Mariano Rajoy, y se mantuvo hasta marzo de 2017.
El almirante general retirado Fernando García Sánchez es desde 2018 presidente de la Fundación Iberdrola.
García Sánchez publicó un artículo, con el título “Ideas para una estrategia”, en el número 28 (correspondiente al primer semestre de 2020) de la revista ‘Cuadernos de pensamiento naval’. Se trata de una publicación de la Escuela de Guerra Naval, de la Armada, en la que suelen publicar expertos en temas navales y altos mandos, en activo, en la reserva o retirados, de la Armada.
Capacidad presupuestaria
El artículo es un análisis en profundidad de distintos aspectos de la estrategia que debería adoptar la Armada en los próximos años, sobre todo en el marco de la Estrategia de Seguridad Nacional; aspectos como el sistema de organización interna que sería recomendable, capacidades que sería necesario potenciar, estructuras que habría que cambiar…
En el epígrafe “Capacidad”, Fernando García Sánchez aborda, entre otras, las tendencias de carácter presupuestario que condicionarán la forma de actuación de la Fuerza Naval en el futuro.
En este punto, quien fuera Jefe del Estado Mayor de la Defensa (y antes segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada) introduce un concepto que desde hace algunos años es habitual en documentos de pensamiento militar en España: la Ley de Financiación de las Fuerzas Armadas.
Ley de Financiación de las Fuerzas Armadas
“Es necesario eliminar la relación directa y única entre capacidades y elementos materiales y no incluir en el enunciado del problema al personal y a la financiación”, indica García Sánchez, ya que “este procedimiento ya experimentado y desgraciadamente repetido en nuestras Fuerzas Armadas provoca, como ya hemos experimentado, frustración, insostenibilidad y una Fuerza hueca”.
El ex JEMAD indica que a la hora de plantearse las futuras capacidades militares es conveniente “iniciar la discusión sobre capacidades pidiendo el desarrollo de una ley de programación y financiación de las Fuerzas Armadas”.
Esta ley permitiría “definir prioridades, invertir de forma eficiente y asegurar la practicabilidad de la estrategia al poder desarrollar los planes de acción derivados”. Sólo de esta forma se conseguiría el enlace, “desgraciadamente inexistente hoy, entre política, estrategia, planes de acción, programas y presupuesto”.
Estrategia de gasto en material y personal
En general, se plantea esa Ley de Financiación de las Fuerzas Armadas como una norma que evitaría los vaivenes en la inversión pública que el Gobierno destina cada año, en los Presupuestos Generales del Estado, a Defensa.
El porcentaje de gasto público en Defensa sobre el PIB es una de las debilidades de España, ya que es uno de los menores de la OTAN, por debajo del 1% pese a que Estados Unidos presiona para que todos los países vayan subiendo progresivamente hasta el 2%.
García Sánchez señala en su artículo que “esta ley de programación y financiación no es un mero compromiso de inversión en Defensa a medio y largo plazo, sino, que debe ser una presentación de la estrategia general y su aplicación con programas y presupuesto en el ámbito de personal, material y financiero”.
Unas Fuerzas Armadas “insostenibles”
Su conclusión es clara, y supone una advertencia directa a los actuales gestores políticos del Ministerio de Defensa:
— “Podríamos decir que sin esta Ley, las Fuerzas Armadas, como cualquier otra organización sin previsión de futuro, son insostenibles”.
Si se aprobara esa Ley de Programación y Financiación de las Fuerzas Armadas, a partir de ella sería necesario “adaptar el objetivo de Fuerza a largo plazo que se recoge en el proceso de planeamiento de la Defensa y ajustar las prioridades y objetivos de personal y material de la Armada”.
Y sentencia que “sin estos elementos necesarios para el planeamiento la estrategia se convierte en algo estéril e impracticable”.
Voces a favor de más gasto militar
La necesidad de aumentar el gasto en las Fuerzas Armadas ya es algo que reclama casi en cada discurso o escrito cualquier alto mando militar.
Aunque la coyuntura económica no es la más favorable, el Ejército del Aire dio un paso al frente hace unos meses al apuntar, en un editorial de su Revista Aeronáutica y Astronáutica (que edita el Estado Mayor del Aire), que el esfuerzo realizado en la ‘Operación Balmis’ podría conseguir que la sociedad se hiciera más comprensiva con la necesidad de aumentar el gasto militar.
Sin embargo, la crisis económica provocada por la epidemia de coronavirus no plantea un escenario muy esperanzador en lo que a gasto público se refiere, tanto para el Ministerio de Defensa como en general para las administraciones públicas.