Interior ha comprado el modelo Táser 7 para las Fuerzas de Seguridad, aunque su distribución está casi paralizada y están en servicio pocas unidades.
El Ministerio del Interior comenzó en 2019 su plan para dotar a las Fuerzas de Seguridad del Estado de táser o pistolas eléctricas, un viejo anhelo de los sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, con el objetivo de que los agentes tuvieran un sistema de defensa intermedio entre la porra o la defensa extensible y su arma reglamentaria. Una forma de reducir a personas violentas sin poner tanto en riesgo su propia integridad física.
Una de las principales virtudes de este tipo de sistema es que permite inmovilizar a personas con independencia de la complexión física del violento o del agente, o con independencia del estado de ánimo de la persona que supone una amenaza para la ciudadanía, incluso restando impacto al exceso de fuerza que la adrenalina proporciona a cualquier persona en un momento puntual de una situación con mucho estrés, donde los agentes pasan serias dificultades para inmovilizar a alguien.
El modelo adquirido por el Ministerio del Interior para las Fuerzas de Seguridad del Estado es Táser 7, uno de los últimos modelos de la compañía Axon, líder mundial en este tipo de dispositivos. De hecho, su marca comercial Táser ya ha quedado como nombre común para este tipo de sistemas, como ha pasado en el mercado con otros productos de uso común para la ciudadanía como clínex o tupper ware.
El Táser 7 es una pistola que funciona mediante una batería recargable de litio y que se activa apretando el gatillo -como cualquier arma también tiene seguro-. En su cañón tiene cuatro cartuchos, dos de corto alcance y dos de largo alcance, que disparan unos dardos que salen despedidos a una velocidad de 175 km/h clavándose en el objetivo -normalmente un persona, aunque podría ser un animal- marcado por su mira láser, que incluye un led diurna verde.
El dispositivo genera un vacío hasta 50.000 voltios, aunque cuando los dardos se clavan en su objetivo cae hasta los 400 voltios, con una corriente de 2,1 miliamperios (mA), lo que no es letal para el ser humano. Para una mayor seguridad, el envío continuado de impulsos eléctricos está limitado a una duración de cinco segundos, tras lo que el agente que la emplee tendrá que volver a apretar el gatillo para volver a dar otra descarga de cinco segundos empleando los mismos dardos.
Las descargas eléctricas imitan las señales nerviosas del organismo y confunde a los músculos motores del cuerpo, principalmente a los brazos y las piernas, dejando a la persona u animal objeto del disparo totalmente inmovilizado.
La pistola eléctrica tiene en su interior, cerca de la batería, un chip con software incorporado que registra los disparos que se han realizado, una información que es descargable para investigar o fiscalizar el uso que se ha realizado de la misma. Además, entre los accesorios que incorpora y que ha adquirido el Ministerio del Interior se encuentra una cámara corporal inteligente de alta calidad que comienza a grabar cuando se activa el arma, lo que permite dejar registrada en vídeo la actuación policial.
Su empleo está muy extendido en cuerpos policiales de medio mundo. Se viene usando desde hace años en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, Finlandia, Australia o Nueva Zelanda. También en España, donde llegó en 2001 de la mano de la Policía Local de Arona (Santa Cruz de Tenerife) y desde entonces se ha extendido profusamente tanto en cuerpos locales como en policías autonómicas como los Mossos d´Esquadra.
Un tipo de arma cuya distribución tiene bloqueada el departamento de Fernando Grande Marlaska por cuestiones políticas -debido al rechazo frontal de los principales aliados parlamentarios del PSOE, como son Podemos, ERC y EH Bildu-, pero que ha vuelto a la actualidad tras la muerte de un policía nacional durante un riña vecinal en Andújar (Jaén), donde el incidente podría no haber acabado con dos muertos si los agentes hubieran tenido estos dispositivos.