El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, compuesto por las organizaciones sindicales FeSMC-UGT, Comisiones Obreras de Construcción y Servicios (CCOO) y FTSP-USO, y la organización patronal APROSER, todas ellas firmantes del Convenio Colectivo Sectorial Nacional, quieren manifestar, una vez más, su reconocimiento expreso a la labor de los miles de vigilantes de seguridad privada, que han realizado una encomiable labor desde la declaración del estado de alarma, que ha contribuido, al igual que otros servicios esenciales, a preservar la seguridad de los ciudadanos.
Como efecto derivado de esta nueva situación, se ha generado un incremento puntual de servicios en ciertos ámbitos (abastecimiento de alimentos o centros hospitalarios, entre otros) que, sin embargo, no ha podido ni podrá compensar a corto plazo un importante descenso en la demanda de los servicios tradicionales de seguridad privada.
El país inicia en estos días un difícil proceso de vuelta a la actividad, en el que, entre otras medidas, las exigencias de distanciamiento de la población y la inevitable reducción de los aforos, suponen un nuevo reto para volver a demostrar a la sociedad el valor añadido de los profesionales de la seguridad privada en este nuevo contexto, siempre al amparo de las funciones que la ley les atribuye expresamente.
En este contexto, la seguridad privada estaría capacitada para:
- De acuerdo con los parámetros que puedan establecer las autoridades sanitarias, en relación con los niveles de temperatura indiciarios de sufrir un contagio, incorporar esta actividad, así como todas aquellas actividades necesarias en los controles de acceso públicos o privados. Un proceso que debe llevarse a cabo con las máximas garantías de protección de los trabajadores implicados en esta función, que garantice la privacidad de los usuarios, y que ya ha sido expresamente contemplado por las autoridades administrativas responsables del control de la actividad del sector como medio técnico complementario de las medidas de seguridad ya existentes.
- Extrapolar a los espacios donde sea posible legal y organizativamente, dentro de los estrictos principios marcados por el artículo 41 de la Ley de Seguridad Privada, las exitosas experiencias sobre limitación de accesos o distanciamiento entre usuarios llevadas a cabo en las redes de infraestructuras de transporte o en los supermercados. Existen muy diversos entornos como playas, parques y zonas de esparcimiento en los que es factible que las autoridades competentes autoricen servicios complementarios de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el objetivo de facilitar a los ciudadanos un retorno más seguro a la plena actividad.
- Desempeñar nuevos servicios en sectores especialmente afectados por esta crisis sanitaria y que precisen un reforzamiento y mayor visibilidad de sus sistemas de protección, como podría suceder en el sector turístico, en el de centros culturales y deportivos o en el de la hostelería, y que deberían contar, para poder prestarse eficazmente, con el necesario apoyo legislativo y financiero de las autoridades públicas.
Este incremento de empleabilidad, al margen del evidente incremento de seguridad para los ciudadanos, podría permitir el retorno al empleo de miles de trabajadores del sector actualmente afectados por ERTEs, dado que a corto y medio plazo esto supondría un refuerzo imprescindible para mantener el nivel de empleo existente con anterioridad a la declaración del estado de alarma.
Por todo ello, el Observatorio Sectorial solicita:
- Que las autoridades públicas, en sus respectivos ámbitos competenciales y aplicando una interpretación razonable de las normas vigentes, hagan sus mejores esfuerzos para facilitar que el potencial del sector de la seguridad privada pueda desplegarse con mayor alcance y eficacia en este nuevo período de vuelta a la normalidad.
- Que se tomen todas las medidas necesarias que permitan al sector ofrecer a la sociedad los servicios de seguridad que en este momento requiere, y que contribuyan a impedir los cuestionamientos negativistas de ciertas organizaciones, alguna incluso supuestamente integrante del sector de la seguridad privada, cuyos objetivos a corto plazo de búsqueda de notoriedad están poniendo en duda la idoneidad de los vigilantes de seguridad para llevar a cabo nuevas funciones, primando esta actitud frente al objetivo irrenunciable de preservar y potenciar la seguridad y la salud del conjunto de la ciudadanía.
De lo contrario, no solo no se facilitaría, en la medida de lo actualmente posible, el mantenimiento del nivel de empleo de los profesionales del sector de la seguridad privada, sino que además se dificultaría su retorno al mundo laboral en actividades que, sin duda, acabarían siendo desarrolladas con menores garantías de éxito y por personal menos regulado, preparado y cualificado que el de nuestro sector.