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Con el proyecto de ley de seguridad, la policía francesa busca vigilar a la población con drones

Raphael Morán

Varios capítulos del proyecto de ley de “seguridad global” impulsada por el ejecutivo francés preocupan a los defensores de los derechos humanos y de la libertad de prensa. El gobierno de Emmanuel Macron quiere castigar la difusión de videos de operativos policiales en redes sociales y ampliar las prerrogativas de las empresas de seguridad privada para mantener el orden público.

Los opositores a la ley de “seguridad global” en Francia ganaron una primera batalla. Enfrascado en un impasse político, el gobierno de Emmanuel Macron aceptó redactar una nueva versión del artículo 24 de este proyecto de ley que busca dar más herramientas de control a la policía pero que, según las organizaciones de derechos humanos, atenta a varias libertades fundamentales.

Dicho artículo, concebido para proteger a los policías de las agresiones, según justificó el ministro de Interior Gérald Darmanin, prevé multa y cárcel a quien difunda en redes sociales imágenes que permitan identificar a un policía “con la intención de dañar”.

La ley causó manifestaciones en toda Francia este fin de semana y  fue duramente criticada por diversos sectores, incluidos gremios de periodistas que temen una limitación al derecho de informar. Relatores de la ONU y organizaciones de derechos humanos consideran que el gobierno francés busca privar a los ciudadanos de una herramienta que sirve para denunciar la violencia policial.

Fue el caso por ejemplo de Theo Luaka o de Michel Zecler, cuyo violento arresto fue difundido y generó una ola de indignación en Francia.PUBLICITÉ

Anne Sophie Simpère, experta de la ONG Amnistía Internacional Francia, expresa a RFI su preocupación frente a esta ley cuyo futuro sigue incierto:

“Se crea también un delito que la ley define de forma muy imprecisa. Se trata de castigar la eventual ‘intención” de atentar a la integridad física y emocional de un policía. Pero la interpretación puede ser muy amplia.Tememos que este artículo de ley tenga un efecto disuasivo para las personas que quieran filmar a los policías,sean periodistas, observadores de derechos humanos o ciudadanos que quieran filmar a las fuerzas del orden.Estos videos fueron esenciales para documentar las violaciones a los derechos humanos y pedir justicia.Tenemos el ejemplo reciente de un productor de música que fue víctima de una paliza por policías. El caso fue revelado principalmente con cámaras y vecinos que filmaron. Pasó lo mismo con la expulsión de un campo de migrantes que fue documentada por periodistas”, dice Simpère.

Además del artículo 24, el ejecutivo francés autoriza, en cambio, a los policías a llevar cámaras individuales para “informar al público sobre las circunstancias de ciertos operativos”. En otras palabras, se limita el derecho de la ciudadanía a filmar a las fuerzas del orden, y por otro lado se incita a los agentes a recurrir a videos para dar su punto de vista.

Una táctica que Anne Sophie Simpère califica de “guerra de imágenes“. “Necesitamos rebajar las tensiones y restablecer la confianza entre la policía y la población. Y esta guerra de imágenes con, por un lado restricciones para filmar a la policía, y por otro la generalización de la video vigilancia de la población, no va a restablecer la confianza”.

Vigilancia masiva con drones

El ejecutivo francés sufrió en mayo pasado un duro revés ante el Consejo de Estado a raíz de una demanda de organizaciones civiles contra el uso de drones. Dicha instancia prohibió el uso de drones policiales, utilizados entonces para vigilar el respeto de las medidas de restricción en el marco de la lucha contra la epidemia de covid-19. Al recolectar imágenes de video con drones que podían permitir la identificación de individuos, la policía incumplía con la protección de datos personales.

Fue precisamente para enmarcar su uso que se introdujo el artículo 22 de la ley de “seguridad global”. Ahora se prevé su uso masivo. Aunque las imágenes solo serán conservadas durante un plazo de 30 días, esta tecnología pone en peligro la vida privada, alerta la experta de Amnistía Internacional.

“El proyecto de ley busca crear un marco legal para la utilización de drones con cámaras. Pero prevé un marco extremadamente amplio. El proyecto de ley autoriza el uso de drones en muchos contextos como las concentraciones de población, las manifestaciones, los litorales, las fronteras, los transportes y los lugares donde pueden producirse infracciones. ¡Es decir, casi todas las partes!  Solo se excluirán los domicilios y las entradas de domicilios. El legislador permite casi todo. Se abre la vía a una vigilancia general. Además, no se descarta el uso de las imágenes para tratarlas con programas de reconocimiento facial. Para Amnesty, eso es una forma de vigilancia masiva de la población, lo que representa una violación de la vida privada”, detalla Simpère.

¿Hacia una privatización de la policía?

En un contexto de auge de las empresas de seguridad privada desde los atentados de Charlie Hebdo en 2015, el gobierno francés quiere además reglamentar este sector que emplea a 170.000 agentes.

Se limitará por un lado la subcontratación de agentes de seguridad. Por otro se otorgarán prerrogativas más amplias a estas empresas privadas. Los vigilantes podrán realizar inspecciones manuales y realizar tareas de vigilancia de la vía pública, a título excepcional. “Es bastante inquietante”, reaccionó al micrófono de RFI Anthony Caillé, secretario nacional de la CGT de los trabajadores del ministerio del Interior, un sindicato minoritario en la policía.

“Primero, van a despojar a la policía nacional y las misiones estatales para transferir tareas de seguridad prerrogativas al sector privado lucrativo. Y el otro aspecto es que, en un tiempo no tan lejano, van a reducir los efectivos de la policía nacional porque nos van a decir que el sector privado asume nuestras funciones”, explica Caillé.

Caillé denuncia también otro aspecto de la ley que permitirá a policías jubilados ejercer como vigilantes privados. “Hasta ahora era imposible y nos parecía evidente. Puede haber un conflicto entre el oficio de policía y las funciones de guardia privado. Ambos deben ser permanecer separados. Los policías tienen acceso a ficheros, a informaciones que a veces están protegidas por el secreto judicial o secretos por cuestiones de seguridad. Esta ley rompe con esta necesaria separación”, advierte el sindicalista.

La atención mediática y las protestas centradas en el artículo 24 de la ley han llevado al gobierno francés a trabajar una nueva versión del texto, que próximamente será examinada en el Senado. Pero la oposición de izquierda pide el retiro de todo el proyecto de ley de seguridad global.

Fuenterfi.fr
Fecha de publicacióndiciembre 01, 2020

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