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El desafío permanente del independentismo

Editorial

El Tribunal Supremo no puede amilanarse ante los privilegios de los condenados por el golpe del 1-O

Superado el impasse que ha supuesto la pandemia, el independentismo catalán reactiva su hoja de ruta, lo que equivale a redoblar el desafío institucional al Estado. Lo hace de dos maneras: dejando a los presos del golpe del 1-O a un paso del tercer grado, lo que supondría un escándalo sin precedentes en nuestra democracia; y maniobrando para supeditar el calendario de las elecciones autonómicas -anticipadas por Torra antes del estallido del coronavirus- a los intereses partidistas del separatismo. La situación de los líderes independentistas que fueron condenados por sedición y malversación resulta particularmente lesiva para cualquier noción democrática de la igualdad. Las juntas de tratamiento de las prisiones en las que están ingresados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa y Carme Forcadell se posicionaron ayer a favor de conceder el tercer grado, lo que supondría que solo tendrían que pisar la cárcel para ir a dormir de lunes a viernes. Los fines de semana podrían pasarlos en sus casas.

De materializarse esta decisión, que a buen seguro validará la Generalitat, supondría una ofensa al conjunto de la ciudadanía española. Primero, porque suspendería de facto la sentencia del tribunal que presidió el juez Marchena. Y segundo, porque constituiría una afrenta al Estado de derecho, al castigar de forma leve un delito de tanta gravedad como el intento de liquidar la soberanía nacional. El separatismo pretende presionar al Tribunal Supremo después de que un juez de Lérida enviara a la Sala Segunda del Alto Tribunal el recurso de apelación de la Fiscalía contra la concesión del artículo 100.2 a Forcadell por parte de la Generalitat. Esta normativa, aplicada por Torra de forma torticera, procura a los presos un régimen de semilibertad. El Supremo debe aprovechar esta oportunidad para acabar con los privilegios de los reclusos secesionistas, rectificando así lo que supone un plan encubierto de impunidad.

En todo caso, la maniobra con los presos hay que insertarla en el contexto preelectoral que vive Cataluña. Torra fijará la fecha de los comicios en función de la estrategia del bloque posconvergente. Tras la extinción de CDC, Puigdemont parece dispuesto a fagocitar el PDeCAT formando un nuevo partido, en el que se integrarán los presos de JxCat. La pugna entre Puigdemont y ERC, socio de Sánchez en la mesa bilateral de la vergüenza, marcará unas elecciones a las que concurrirá el Partido Nacional Catalán fundado por Marta Pascal, mano derecha de Artur Mas en el PDeCAT. El independentismo, convertido en un galimatías de voluntades rupturistas, sigue representando la mayor amenaza para la unidad de España.

Fecha de publicaciónjulio 03, 2020

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