La Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación de la Policía Nacional, dependiente de la Dirección Adjunta Operativa, ha difundido un oficio en el que detalla el nuevo plan operativo de actuación contra la ocupación ilegal de inmuebles; un documento de cuatro páginas en el que se detallan los nuevos protocolos. Entre ellos, se contempla la investigación en redes sociales de manuales para entrar de forma ilegal en las viviendas. También se monitorizarán los posibles vínculos que los ocupantes puedan tener con organizaciones criminales de corte mafioso. Y, como fin último, se potencia una mayor coordinación entre las comisarias para hacer frente a este problema.
El oficio, fechado el 27 de noviembre, es la respuesta a la Instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que sentaba las bases de la lucha contra la ocupación e instaba a los diferentes cuerpos policiales a desarrollar sus propios protocolos. Como contó este diario, Policía y Guardia Civil mantuvieron reuniones el pasado septiembre para estudiar los nuevos protocolos.
La introducción del texto de la Policía admite que «la tendencia al alza de la ocupación ilegal de viviendas en España» genera «una grave sensación de inseguridad entre los ciudadanos«. Así, el objetivo general del oficio es «prevenir, combatir y reducir la actividad ilícita» en las entradas ilegales en inmuebles y en su caso, «neutralizar las actividades delictivas generadas con dicha tipología delictiva».
Los objetivos
Los objetivos específicos se dividen en función del órgano interno de la Policía. La Dirección Adjunta Operativa «ejercerá las funciones de coordinación con las diferentes Comisarías Generales implicadas». La Comisaría General de Información monitorizará «las redes sociales y fuentes abiertas» para detectar la difusión de manuales de ocupación.
Por su parte, la Comisaría General de Policía Judicial reforzará las acciones contra «la aparición o consolidación» de «organizaciones criminales» dedicadas a la localización y usurpación de las viviendas»; o lo que es lo mismo, mafias que proporcionan información o que directamente ejecutan las entradas ilegales. Asimismo, potenciará las investigaciones de otras actividades ilícitas que puedan desarrollar los okupas y unificará los criterios para confeccionar los atestados.
De cara a la sociedad, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana impulsará campañas informativas con recomendaciones y potenciará la coordinación con colectivos afectados. Extranjería y Fronteras aplicará «los procedimientos existentes de actuación» en virtud de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, ante una posible implicación de estos en los hechos delictivos.
Informes más detallados
Hay más. En su nuevo oficio, la Policía insta a elaborar informes más detallados sobre los daños que haya sufrido una vivienda ocupada -especial énfasis en la «defraudación de fluido eléctrico»-, a explotar la cooperación internacional con autoridades de países afectados, a establecer programas de formación a los agentes que desarrollen las intervenciones y a velar por la «adecuada coordinación entre las diferentes brigadas implicadas en el presente Plan Operativo».
La Dirección Adjunta Operativa apela a todas las unidades afectadas a remitirle informes con una periodicidad trimestral. Asimismo, la Comisaría General de Información tendrá que detallar aquellos casos de ocupación vinculados a «movimientos radicales».
En definitiva, un documento marco en el que la Policía insta a cada comisaría implicada en la lucha contra la ocupación a asumir esos protocolos comunes, con el propósito de alcanzar una acción más coordinada y eficaz.