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El robo de agua en España, un saqueo nacional del bien más preciado

Eva González

Un nuevo informe presentado por la organización medioambiental WWF apunta al expolio de los recursos hídricos de nuestro país para dedicarlos a la agricultura extensiva.

El robo del agua en España alcanza dimensiones desproporcionadas y afecta tanto a los enclaves naturales preciosos como a la disponibilidad de agua para el consumo de pueblos y ciudades. Este desfalco que suele quedar impune, hasta ahora no ha sido tenido en cuenta por los ciudadanos, que tienen una responsabilidad a la hora de exigir que, por ejemplo, las frambuesas, los puerros o hasta el trigo del pan que consumen, lleguen a su despensa tras haber sido cultivados mediante un uso y una gestión responsable del recurso hídrico.

La ONG conservacionista WWF ha investigado durante más de un año el «saqueo» en cuatro de los acuíferos más importantes y al mismo tiempo sobreexplotados de España y que afectan a los espacios naturales de Doñana, Las Tablas de Daimiel, el Mar Menor y Los Arenales.

«El robo del agua es un escándalo para la sociedad y un delito que sucede por la impunidad y la inacción de las administraciones»

La flagrante conclusión del informe ‘El saqueo del agua’ apunta que solo entre estas cuatro zonas se riega con agua extraída de manera ilegal una superficie que equivale a 1,5 veces a la ciudad de Madrid, lo que en cifras se traduce en unas 88.645 hectáreas regadas y un volumen de cerca de 220 millones de metros cúbicos con los que podrían llenarse 65.000 piscinas olímpicas.

Pero el experto del programa de agua de WWF, Rafael Seiz, alerta de que estos casos «no son ejemplos únicos y aislados«, sino una muestra de un problema «mucho más generalizado» de uso ilegal del agua subterránea en España.

«El robo del agua es un escándalo para la sociedad y un delito que sucede por la impunidad y la inacción de las administraciones«, denuncia Seiz, que lamenta que esta situación lleva ocurriendo décadas alimentada por las «expectativas» que genera el apoyo al regadío de la política agraria y la permisividad de las sucesivas administraciones, causas a las que se suma la «alarmante falta de información y opacidad» que impide conocer realmente cuánta se extrae realmente.

Voluntarios de SEO/BirdLife en un proyecto de conservación en Doñana. (EFE)

En teoría, para extraer agua subterránea es necesario solicitar una concesión administrativa para sacar una cantidad para ese fin, pero la realidad es que el riego de parcelas sin autorización es habitual, según este informe.

La ONG alerta que la situación «más dramática» es la que viven Las Tablas de Daimiel donde los cultivos producidos con regadío ilegal equivalen a más de 62.300 campos de fútbol, más de 51.400 hectáreas mientras el Parque Nacional del mismo nombre tiene que recurrir con demasiada frecuencia a aportaciones de agua externa bombeada para minimizar los impactos y «aparentar normalidad» a pesar de que para WWF este entorno está «en la UVI«.

Además, afirma que en este caso la administración pública se ha saltado su propio límite que se establece en el Régimen Anual de Extracciones, cuyo objetivo es reducir la extracción para revertir el deterioro del acuífero, ya que en 2019 se extrajo un 72% más que el volumen de agua permitida.

Otro de los «puntos negros del robo del agua en España» es el acuífero de Los Arenales, en la meseta castellanoleonesa. La investigación de WWF señala que en 2019 se regaron 23.975 hectáreas con agua extraída de forma ilegal, lo que equivaldría a unos 29.000 campos de fútbol.

En la zona se ha pasado del cultivo de cereal y viñedo de secano a patata, maíz, hortícola y remolacha que son altamente demandantes de agua. En los últimos 15 años, el descenso del acuífero es «tan preocupante» que el nivel del agua en la Tierra del vino, la masa subterránea más afectada, está por debajo de los 25 metros. Esta situación ha provocado una amenaza para la salud de la población cercana por la elevada concentración de nitratos y arsénico, que ha llevado a que no pocos municipios tengan o hayan tenido prohibido consumir agua del grifo.

El informe de WWF advierte de que la zona de Arenales está siguiendo el peligroso camino de Las Tablas de Daimiel, que le llevó a ser declarado sobreexplotado y, en la actualidad, está seco y depende de ‘transfusiones’ de agua de emergencia.

Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, otra de nuestras reservas hídricas saqueadas. (Flickr)

Por otro lado, en Doñana y Aljarafe, la superficie regada con recurso «ilegal» en el corazón de este espacio «clave» para la biodiversidad supera las 4.700 hectáreas, unos 5.700 campos de fútbol. Aunque el informe admite que el Ministerio para la Transición Ecológica ha cerrado en los últimos dos años «numerosos» pozos ilegales, sin embargo, lamenta que la Junta de Andalucía «no ha hecho lo mismo con las superficies regadas ilegalmente que son de su exclusiva competencia«.

Esta connivencia de la sobreexplotación del agua por el cultivo intensivo de fresas y otros frutos se agrava «cada vez más». La ONG recuerda que Doñana ha perdido más del 80% de sus marismas y el 90% de sus lagunas estacionales desde principios del siglo XX por el avance de la agricultura intensiva y va más allá al destacar que la extracción ilegal del agua genera una «grave situación de competencia desleal» entre los agricultores que cumplen y están comprometidos con la gestión sostenible del agua frente a los que lo hacen «sin reparo alguno».

Los recursos hídricos del acuífero de Los Arenales se están agotando. (EFE)

En el caso del Mar Menor, al que el informe define como otro de los «epicentros» del robo del agua, aduce que el colapso ecológico al que se enfrenta la mayor laguna salada de Europa, convertida en una «sopa verde» se debe a las toneladas de nitratos y fosfatos que entran a través de las ramblas procedentes de la agricultura intensiva. WWF estima que en la zona se riegan con agua ilegal 8.460 hectáreas en el Campo de Cartagena, unos 10.200 campos de fútbol.

Una vez publicados estos resultados, WWF reclama una «acción contundente» para mejorar el control de las aguas subterráneas que pase por modificar la Ley de Aguas y los recursos materiales y humanos de las autoridades encargadas.

Asimismo, pide reducir las hectáreas de regadío y cerrar de una vez todas las extracciones ilegales de los acuíferos e imponer sanciones contundentes para aquellos que se saltan la ley para cometer este «delito ecológico contra la naturaleza y la seguridad hídrica de toda la sociedad».

Para Seiz, es fundamental no seguir hipotecando el agua subterránea, un bien «preciado y escaso» y en particular en este contexto de certeza de cambio climático, que prevé una reducción drástica del recurso disponible. A su juicio, es vital terminar con la agricultura ilegal y con la impunidad de la que goza, porque de ello dependen los ecosistemas y la población. «Reclamamos una acción contundente y eficaz a las administraciones para combatir este delito ecológico contra la naturaleza, nuestra seguridad hídrica y contra aquellos agricultores que sí cumplen con todas las normas«, concluye.

Las administraciones en este ámbito juegan un importante papel, no solo como policías de agua, sino a la hora de lograr una planificación hidrológica que garantice el buen estado de las masas de agua, la correcta depuración y que calcule con gran precisión la cantidad de recurso disponible para regar los cultivos que llegan a nuestra mesa. Precisamente, en estos momentos está en curso la revisión de los planes hidrológicos de las cuencas españolas para el periodo 2022-2027.

Fecha de publicaciónoctubre 23, 2021

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