Los investigadores de la operación Voloh denuncian que, a pesar de que el jefe de la Oficina de Puigdemont cobra 105.000 euros públicos para asuntos de carácter oficial, dedicaba la mayor parte de su actividad a la promoción del ‘procés’.
El jefe de la Oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, alto cargo de la Generalitat, está bajo sospecha por sus trabajos para el Consell de la República mientras cobra más de 105.000 euros de salario público para atender exclusivamente asuntos oficiales. Así se recoge en los informes que la Guardia Civil ha realizado tras analizar los dos teléfonos móviles que le fueron incautados el pasado 28 de octubre, fecha en la que este fue detenido en el marco de la operación Voloh que dirige el magistrado Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona.
«Se constata la dedicación de Alay con el Consell per la República Catalana a través de los mensajes intercambiados con Alba Bosch sobre una propuesta de acción exterior, pretendiendo, en definitiva, posicionar internacionalmente el Consell, desarrollando su estrategia política y diplomática». Así se recoge textualmente en un informe de la Guardia Civil, que lleva fecha del 20 de abril pasado, parte del trabajo de Alay. Su labor, pues, entraría en contradicción con las tareas encomendadas, que se circunscriben a la promoción de actos de Puigdemont como expresidente.
El Instituto Armado señala que Alay «percibe un sueldo (sufragado por la Generalitat, por tanto, fondos públicos) como director de la oficina del expresidente Puigdemont, pero por el análisis efectuado en su terminal móvil, su dedicación se extralimita de esa función. Se utiliza a un empleado público para funciones ajenas a su cargo, entendiendo que existe una lesión al patrimonio público, pudiendo ser esto constitutivo de un delito de malversación de caudales públicos«.
Recuerda el informe que el juzgado de instrucción número 28 de Barcelona ya tiene imputado a Alay por los presuntos delitos de malversación y prevaricación. Esa acusación es respaldada por el fiscal, que dice que «no cabe que pueden ser atendidos con dinero público aquellos actos en los que la finalidad perseguida es la de internacionalizar el conflicto catalán».
Mando en plaza
De las pruebas halladas en sus teléfonos móviles, la Guardia Civil concluye que Alay hacía y deshacía en el Consell que encabeza Carles Puigdemont. Así se desprende de las órdenes que impartía el asesor del ‘expresident’ desde las dependencias oficiales de la Generalitat en Barcelona. A finales de septiembre de 2020, después de que los técnicos hayan realizado los borradores de la hoja de ruta del Consell, Alay toma las riendas de la situación e imparte órdenes.
El 18 de septiembre, Alba Bosch le envía un mensaje a Alay indicándole que le envía «el documento base de la propuesta internacional» para el plan de actuación del Consell. «Piensa que simplemente ha sido debatido entre técnicos y ni lo hemos explorado con Sergi ni con miembros del Consell de Govern. Es una buena base sobre la que comenzar, pero es de máximos y no hay presupuesto ni recursos humanos por tanto», explica Bosch.
La colaboradora indica a Alay que lo más normal sería comenzar por el objetivo estratégico número 1. «El foro internacional de la autodeterminación. Y tratarlo desde una vertiente ‘think tank’ sobre interpretaciones actuales del ‘derecho’ y vertiente relación internacional con creación de alianzas/frente internacional sobre autodeterminación», aclara luego.
Alba Bosch le envía un mensaje a Alay indicándole que le remite «el documento base de la propuesta internacional» para el plan de actuación del Consell
Alay le remite a Bosch un tuit del eurodiputado irlandés Mick Wallace, que hace referencia a que la opositora bielorrusa Svetlana Tikhanovskaya había pedido la liberación de los presos políticos de Bielorrusia. «Le pedí que se uniera a mí para pedir también la liberación de los presos políticos en Cataluña y la liberación de Julian Assange en Londres. Lamentablemente, no estaba interesada en otros presos». Alay considera que «aquí tenemos la empatía de la oposición bielorrusa hacia nosotros. Tristemente familiar. Sigo investigando, pero desgraciadamente están demasiado cerca del poder y no quieren ponerse a España en contra«.
Pero lo más interesante es que, ante la perspectiva de organizar un foro internacional, que sería el punto de partida de la estrategia del Consell, Alay ordena a los técnicos que echen el freno. «Respecto al foro internacional sobre autodeterminación, esperad un par de semanas y volvemos a hablar porque estamos a la espera de una reunión discreta importante a nivel internacional sobre este tema», dice a Alba Bosch, su interlocutora para ese tema.
El plan estratégico del Consell
En su terminal, se halló un documento de 11 páginas con el expresivo título «Propuesta de plan estratégico de acción exterior del Consell per la República Catalana (2020-2024)». En él, se detallan tres objetivos estratégicos de esa entidad. El primero es «relanzar el derecho a la autodeterminación en el siglo XXI y promover el reconocimiento internacional de la República catalana«. En ese apartado, los independentistas habrían de llevar un monitoreo diario de los procesos de autodeterminación activos en el mundo y se preveían dos colaboraciones anuales con ‘think tanks’ y la construcción de alianzas con «los movimientos democráticos y no violentos que reivindiquen este derecho».
Preveía también asistir a dos foros internacionales sobre la materia, la organización de un foro internacional por parte del propio Consell, la organización de cuatro charlas a grupos de estudiantes y visitantes internacionales en Bruselas, la promoción de una actividad anual de diplomacia ciudadana y el despliegue a largo plazo «de la red diplomática del Consell para ejecutar estrategias e iniciativas y establecer relaciones estables con las instituciones y la sociedad civil de aquellos estados especialmente estratégicos de cara a sus objetivos, de la mano del Consejo de Diplomacia Civil».
El segundo eje estratégico redundaba en el posicionamiento internacional del Consell mediante su participación y «presencia activa» en foros y acontecimientos políticos. Debería organizar dos programas de visitar al exterior para conocer experiencias de interés, promover dos seminarios de intercambio y benchmarking al año con expertos internacionales sobre estrategias y promover alianzas del Consell con homólogos internacionales.
El tercer eje trata de «posicionar al Consell en los medios de comunicación internacionales», con la organización de programas de visitas internacionales dirigidos a periodistas, políticos, ‘think tanks’, activistas, blogueros, youtubers y líderes internacionales. Prevé también la realización de encuentros con corresponsales, la publicación de artículos en medios internacionales de miembros del Consell y la colaboración con asociaciones de periodistas, medios de comunicación y el despliegue de una estrategia social de ‘listening’ para detectar tendencias futuras e identificar oportunidades de comunicación.
Según el documento, «este plan permitirá ejercer un liderazgo claro, que ejecute los proyectos y que tenga vocación de continuidad. El Consell per la República necesita trabajar la credibilidad exterior para mejorar la reputación en la escena internacional». Señala, asimismo, que «la diplomacia pública representa la vanguardia de las relaciones internacionales, una nueva forma de desarrollar el poder y participar en la arena política. No es una cuestión de iconos, seguidores en Facebook o campañas virales. Se ha de perseguir la creación de una comunidad de intereses con públicos extranjeros. Será una transformación estratégica en la medida que añada valor a la representación, la negociación y la comunicación de los intereses en el exterior, las tres funciones clásicas de la diplomacia».