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La seguridad privada en la crisis del Covid-19

Ana Borredá. Directora Seguritecnia

En estos momentos de crisis resulta obligado, y de justicia, reiterar el reconocimiento a uno de los colectivos que están dando un ejemplo de entrega y abnegación al servicio del interés general. Me refiero al del personal de seguridad privada en sus distintas modalidades: vigilantes de seguridad, responsables de seguridad y enlace de los operadores críticos, directores de seguridad…, y muy especialmente a quienes desempeñan su actividad en el ámbito sanitario. Es también momento para realizar alguna reflexión sobre el papel que el sector de la Seguridad Privada está llamado a desempeñar.

La Orden Comunicada, de 15 de marzo de 2020, por la que el Ministerio del Interior establece los criterios de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS) ante la declaración del Estado de Alarma tiene por objeto, entre otros, garantizar una acción concertada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los cuerpos de policía autonómicos, las policías locales y el personal y empresas de seguridad privada. Resulta especialmente gratificante ver cómo el Ministerio del Interior cuenta con el personal y empresas de seguridad privada para la implantación y el cumplimiento, en todo el territorio nacional, de las medidas previstas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en especial la coordinación del personal que preste servicio en las instalaciones o servicios afectados.

Espíritu

Este es, en definitiva, el espíritu de la ya no tan nueva Ley de Seguridad Privada, que, transitando, como dice su preámbulo, desde la subordinación y el control hasta el aprovechamiento de sus enormes potencialidades para el interés público, se marca como objeto, ya en su artículo 1, establecer el marco para la más eficiente coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las FCS, de los que son complementarios. Es obvio que no puede haber mejor momento que una crisis de esta naturaleza para explotar esas potencialidades.

El mundo avanza muy deprisa, y seis años es mucho tiempo de vigencia de la Ley. Ya se podrían cambiar algunas de sus previsiones. Pero este es un buen momento para reconocer la acertada visión de aquel grupo de profesionales que la hizo posible. Ellos supieron ver que había que elevar el rango de los servicios privados para lograr un sistema colaborativo, en el que únicamente habría que desarrollar los mecanismos de coordinación necesarios.

Desgraciadamente, nuestras autoridades no han estado a la altura de aquel reto, y hoy seguimos sin reglamento de desarrollo. Sabemos que el trabajo ya está hecho. Y si hubiera que reescribir el borrador para corregir sus errores, no tiene sentido demorarlo más. En todo caso, la versión pública de aquel proyecto de Real Decreto contenía todo un modelo de coordinación de los servicios públicos y privados que sin duda contribuiría, especialmente en situaciones de crisis, a mejorar nuestra seguridad.

Lea aquí el documento completo

Fecha de publicaciónabril 15, 2020

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