La cadena de supermercados contrata la tecnología de AnyVision para reconocer rostros de condenados o con entrada prohibida en sus tiendas. Penalistas advierten de los límites del sistema
Mercadona ha recurrido a una de las tecnológicas más avanzadas del mundo en reconocimiento facial para tratar de poner coto a los hurtos y robos reiterados de productos en sus supermercados. La cadena de distribución de Juan Roig comunicó este miércoles que ya son 40 los locales en Valencia, Zaragoza o Mallorca que cuentan con una tecnología que permite identificar a personas con sentencia condenatoria u orden cautelar de no entrada en sus establecimientos o alejamiento de sus trabajadores. El sistema capta durante 0,3 segundos los rostros, los coteja con los ficheros de imágenes con las personas con las que la compañía ha mantenido estos litigios y borra la información. «Permite detectar la infracción y, tras contrastar científicamente que se trata de esta persona, se notifica a las fuerzas y cuerpos de seguridad, responsables de hacer cumplir la medida en vigor adoptada por el juzgado correspondiente», insistían desde Mercadona para explicar que en ningún caso está generando ficheros visuales de clientes.
Los hurtos en el comercio son un verdadero quebradero de cabeza para el sector. La CEOE estimaba en un informe reciente que pueden suponer hasta 1.600 millones anuales en pérdidas y que se interponen 700.000 denuncias cada año. Hay casos de ladrones multirreincidentes que acumulan hasta 70 denuncias.
La tecnología contratada por Mercadona ha sido proporcionada por AnyVision, una compañía israelí que se ha posicionado entre las más avanzadas en sistemas de vigilancia y seguridad. La empresa fue fundada por el emprendedor Eylon Etshtein y presta servicios en más de 45 países a todo tipo de clientes, incluidos departamentos de policía, casinos, aeropuertos o estadios deportivos. Etshtein no oculta en su currículo que dirigió durante tres años unidades de reconocimiento en las fuerzas armadas de Israel y que tiene al frente de su consejo asesor a Tamir Pardo, quien fue jefe del Mossad, el servicio de Inteligencia israelí, entre 2011 y 2016. AnyVision trabaja para el Gobierno del país hebreo prestando tecnología de vigilancia en la frontera con Cisjordania.
Estos vínculos y la presión de los grupos propalestinos llevaron al gigante de la informática Microsoft a replantearse este mes de marzo su inversión minoritaria en AnyVision. Aunque tras la realización de una auditoría en colaboración con el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, se descartó que se estuviera empleando su tecnología para espiar a la población palestina, la empresa fundada por Bill Gates comunicó la venta de su participación al admitir que no podía controlar qué uso hacían otros clientes de los sistemas de la firma israelí.
Fuentes de Mercadona explicaron que el uso de la tecnología, en tanto que se aplica exclusivamente a personas con antecedentes en las propias tiendas y con limitaciones de acceso marcadas judicialmente, cumple con la legislación en materia de protección de datos. «Siempre en constante contacto con las autoridades correspondientes para garantizar la total protección y todas sus garantías legales», señalaron.
Con todo, expertos penalistas consultados por El Confidencial advierten de los límites de este tipo de sistemas de seguridad. El abogado Juan Carlos Navarro señala que la finalidad de una medida de identificación facial tiene que estar circunscrita a asegurar el cumplimiento de una sentencia o una orden judicial «y por tiempo limitado», pues los antecedentes penales también se extinguen. Así, considera que no es posible que una compañía tenga acceso a ficheros de imágenes de personas condenadas por robo o hurto y con limitación de acceso a un establecimiento, a no ser que se trate de casos relacionados con el propio Mercadona. Difícilmente, la empresa podrá tener acceso a los datos de condenados por robar en un Carrefour o un Lidl, por ejemplo.
De la misma opinión es Héctor Paricio, cofundador de Carrau Corporación, quien pone en cuestión que una cadena de supermercados pueda proceder a la identificación facial masiva de todos sus clientes. «Supongo que lo tendrán bien estudiado, pero es un tema complejo». La empresa de Roig insiste en que borra «en el tiempo de un parpadeo» de ojos toda la información y solamente la emplea para ponerse en contacto con las autoridades cuando detecta a uno de los sospechosos.
La clave en el caso de los supermercados es hasta dónde pueden elaborar ficheros de imágenes que sirvan de base para la identificación de sentenciados o con orden cautelar de alejamiento de una tienda. La Ley de Protección de Datos establece que la imagen de una persona, en la medida en que la identifique, constituye en sí misma un dato de carácter personal. La norma obliga a los servicios de videovigilancia a suprimir las grabaciones en el plazo de un mes, excepto si han de ser conservadas para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. Cuando esto ocurre, las imágenes tienen que ser puestas a disposición de la autoridad en un plazo máximo de 72 horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia.
Cuando se produce un hurto o un robo y es detectado por las cámaras de un establecimiento, este material se incorpora al procedimiento como prueba. Por tanto, forma parte del sumario, al que tiene acceso también el denunciante.
Hay un antecedente en un juzgado de San Sebastián, que en junio de 2019 autorizó a un supermercado de Irún la instalación de «sistemas de reconocimiento facial» para garantizar el cumplimiento de una sentencia que impedía a dos mujeres reincidentes condenadas por hurto aproximarse al citado establecimiento. Según relató la agencia EFE en su momento, las dos acusadas aceptaron los hechos y firmaron una sentencia de conformidad. El fallo las condenó a seis meses de prisión y la prohibición de aproximarse a la tienda. Ninguna de las dos se opuso a que se instalaran sistemas de reconocimiento para asegurar que se cumpliera la decisión judicial.
El Código Penal permite en su artículo 48 privar del derecho a acudir al lugar en que se haya cometido el delito. Y en su punto número cuatro permite acordar que el control de estas medidas «se realice a través de aquellos medios electrónicos que lo permitan». Ese es el artículo que sustentó la resolución de Irún y que da cobertura al sistema de AnyVision en las tiendas de Mercadona.