El sector de la seguridad privada va a jugar un papel esencial en la protección de los ciudadanos en la situación actual, afirma Ángel Córdoba Díaz, presidente de Aproser, en la entrevista concedida a ‘Segurilatam’. Un encuentro en el que aborda cuestiones como el impacto de la crisis en las empresas de seguridad privada que operan en España o las consecuencias que tendría la desaparición del dinero en efectivo.
-¿Cómo ha afectado la crisis del COVID-19 a las empresas de seguridad privada que operan en España?
El sector de la seguridad privada en España siempre ha seguido la misma evolución que la economía del país, con crecimientos positivos hasta el segundo semestre de 2008. En ese momento, debido a la aparición de una de las mayores crisis económicas de los últimos tiempos, las empresas de seguridad privada sufrieron un impacto económico negativo superior a la media.
De hecho, desde aquel momento, en los últimos años han acumulado una caída del 24,08% en su facturación total. En 2019, dicha crisis seguía incidiendo sobre la gran mayoría de las empresas del sector, aunque ya empezaban a aparecer ciertas expectativas de una muy leve recuperación.
Y de repente nos llega esta crisis sanitaria. Además de un virus, el COVID-19 es muchas cosas. Entre ellas, un acelerador de cambios. Pero no todos estos cambios, algunos metidos a calzador aprovechando la confusión y el miedo, parece que sean tan necesarios y naturales como nos han querido hacer creer. Y no todos tienen por qué convertirse en cambios permanentes cuando retornemos a la normalidad. Como, por ejemplo, esa fijación que les ha entrado a algunos para acabar con el uso del dinero en efectivo, redoblando esfuerzos a tal fin justo en un momento en el que las prioridades deberían ser otras.
“La parte positiva de la crisis es que los vigilantes ven su trabajo más reconocido y que el sector se reinventa con más tecnología y formación”
-En este escenario de nueva normalidad, ¿cómo van a contribuir las empresas de seguridad privada a prevenir contagios por coronavirus en España?
Ante un año marcado por un nuevo escenario político, la industria de la seguridad se enfrenta a grandes desafíos, propios de una sociedad más digitalizada y conectada. Aproser, junto a los sindicatos firmantes del Convenio Colectivo Nacional Sectorial, viene identificando desde hace tiempo varios retos de futuro desde el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada.
Fundamentalmente, los nuevos cometidos de las empresas de seguridad privada se centrarán en asegurar la salud de las personas en lugares públicos y privados, como controlar aforos, observar si se lleva la mascarilla o tomar la temperatura.
La pandemia del coronavirus ha afectado de pleno a los más de 80.000 vigilantes de seguridad que hay en España: miles están en el paro todavía y otros han enfermado o fallecido. La parte positiva de la crisis es que ven su trabajo más reconocido y que el sector se reinventa con más tecnología y formación.
Controlar máquinas que toman la temperatura o detectar si se usa mascarilla sin acercarse al ciudadano, vigilar tornos de acceso pero desde la distancia y supervisar la entrada a playas o locales, más que hacer rondas, serán algunos de los nuevos cometidos de estos profesionales.
“La Casa Real se ha puesto en contacto con Aproser para interesarse por los profesionales y las empresas del sector y por la actividad desarrollada”
-¿Considera que la labor de la seguridad privada está siendo lo suficientemente reconocida por la sociedad española durante la pandemia?
Indudablemente, ha habido un antes y un después. La visibilidad que han experimentado las distintas funciones para la prevención de riesgos por parte de la ciudadanía, que ya eran desarrolladas por la seguridad privada, ha sido total durante los peores momentos de la pandemia. Actividades que han sido adaptadas a la casuística concreta y ampliadas y reforzadas con otras complementarias.
El reconocimiento consiguiente a la visibilidad ha sido otorgado tanto por los propios usuarios como por los medios de comunicación, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus mensajes institucionales e incluso por la Casa Real, que tuvo la deferencia de ponerse en contacto con Aproser para interesarse por los profesionales, las empresas y la actividad desarrollada. Y para agradecer personalmente la gran contribución que se estaba aportando a la sociedad en esta crítica y grave situación para todos.
-Al igual que en Latinoamérica, en España son muchos los ciudadanos que siguen haciendo uso del dinero en efectivo. En este sentido, ¿qué opinión le merecen a Aproser los rumores que relacionan el dinero en efectivo con la transmisión del coronavirus?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desmentido en varias ocasiones que el dinero físico transmite el coronavirus. Sin embargo, su uso se ha visto reducido durante la pandemia en favor del pago con tarjetas y del comercio electrónico.
Todos nosotros usamos dinero en efectivo a diario, pero en plena pandemia han surgido una serie de dudas relacionadas con el coronavirus. Es la gran pregunta: ¿me puedo contagiar con un billete? La OMS niega que la acción misma de intercambio de dinero físico sea un vector de transmisión del coronavirus.
No se ha documentado ningún caso de contagio por contacto con billetes. De hecho, pagar en efectivo es incluso más seguro que hacerlo con tarjeta. El virus puede llegar a durar el doble de tiempo sobre superficies de plástico que en billetes, según varios estudios. El consejo es que cuando toquemos un billete, o cualquier otra superficie, debemos lavarnos las manos y no tocarnos nunca ojos, boca o nariz.
-Respecto a la posible desaparición del dinero en efectivo, ¿cuál es el posicionamiento de Aproser?
A través de un comunicado del Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, al que pertenece Aproser, trasladamos que parece haberse intentado consolidar en la opinión pública la idea de que la nueva normalidad está unida a la práctica desaparición del efectivo como medio de pago.
En este escenario, el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, aunque comparte cualquier duda razonable que tenga como máxima prioridad preservar la salud de los ciudadanos, señala que la OMS, el Banco Central Europeo, los bancos centrales nacionales, etc., coinciden en que no existe evidencia científica sobre un riesgo añadido derivado de la utilización del dinero en efectivo. Cualquier afirmación contra este último basada en un riesgo científico carece de justificación. No puede asociarse el momento del pago con una práctica peligrosa solo cuando se paga con dinero.
-¿Qué consecuencias tendría la desaparición del efectivo para la sociedad española?
Cualquier propuesta o medida que pueda conducir a la desaparición del dinero en efectivo entre los medios de pago al alcance de los ciudadanos tiene consecuencias desafortunadas. En primer lugar, impactaría de forma muy directa en los colectivos más desfavorecidos de la sociedad, cuyo nivel de bancarización es muy inferior, y que, para los actos de su economía doméstica, dependerían de las decisiones de las entidades bancarias o de los grandes proveedores de Internet. Hablamos de millones de parados y personas en riesgo de pobreza y exclusión social.
También afectaría a millones de pensionistas, muchos de los cuales no viven acompañados y que, de forma muy mayoritaria, están acostumbrados a realizar sus pagos y operaciones comerciales con dinero físico. Y la desaparición del efectivo dificultaría o impediría que la población más joven pudiese realizar cualquier tipo de compra en su día a día al no tener acceso a las tarjetas bancarias.
“No se ha documentado ningún caso de contagio por contacto con billetes. Entonces, ¿por qué algunos desean acabar con el manejo de dinero en efectivo?”
Igualmente, la falta de efectivo incidiría de forma directa en la competitividad de los pequeños comercios, que, en una situación ya de por sí especialmente crítica, se verían obligados a realizar inversiones adicionales en plataformas de pago. El comercio de proximidad podría perder un importante volumen de clientes en favor de las grandes superficies comerciales, en especial aquellos de reparto, que estarían obligados a implementar el pago online como único medio permitido.
Tampoco podemos olvidar que la ausencia de dinero en efectivo condicionaría la libertad de los ciudadanos que, legítimamente, no quieren asumir los costes adicionales que implica tener y mantener una tarjeta bancaria, de quienes atribuyen una especial relevancia a su privacidad o de aquellos que controlan de forma más eficiente su economía familiar mediante el uso del efectivo. Eliminarlo supondría más coste y menos control del gasto para las familias, más monitorización de su vida y tener más deudas con los bancos.
Y, por último, significaría optar por la eliminación del único medio de pago público y acelerar la completa privatización de este ámbito de actividad.
-¿Cómo debe ser, a juicio de Aproser, el papel de la seguridad privada en la vuelta a la normalidad?
Es complicado hacer una previsión de cómo evolucionará la demanda en los próximos meses. Ha habido un incremento puntual en servicios esenciales y de abastecimiento de la población como hospitales o supermercados. Pero la misma no ha compensado la importante reducción de servicios prestados en aeropuertos, estaciones de ferrocarril, centros comerciales, eventos culturales, deportivos o de ocio… Dicho escenario, con matices, puede mantenerse en el medio plazo en la fase de paulatina vuelta a la normalidad, aunque está por determinar qué vamos a entender en un futuro por normalidad.
De esta pandemia hemos aprendido que, al margen de las consideraciones meramente sanitarias, un enfoque integral exige una revisión prioritaria de todos los aspectos vinculados a la seguridad: los habituales y los que hemos descubierto que podrían ser necesarios a futuro. Y que las políticas restrictivas aplicadas a sectores como la sanidad o la seguridad privada al final pasan factura y lo muy barato acaba siendo excesivamente caro.
Estamos ante nuevas amenazas cuya relevancia y peligrosidad se han hecho patentes. Y que van a necesitar nuevos tratamientos por parte de empresas de seguridad que cuenten con personal debidamente habilitado y formado para acometer estas nuevas funciones preventivas. Actividades que, sin duda alguna, va a demandar la ciudadanía, porque ahora sabe que, a veces, le va la vida en ello.
“Las nuevas amenazas van a necesitar tratamientos por partes de empresas de seguridad que cuenten con personal debidamente habilitado y formado”
La consideración del esfuerzo adicional que va a imponerse a las empresas de seguridad debe llevar aparejado el poder garantizar que esas nuevas actividades se puedan llevar realmente a cabo. Y que tengan un rápido y suficiente apoyo regulatorio, fiscal y económico por parte de las autoridades públicas, en especial por las dificultades de todo tipo que van a atravesar a corto y medio plazo y, a la vez, su necesaria pervivencia, porque esta amenaza, en sus múltiples versiones, lamentablemente ha venido para quedarse.
Si estas consideraciones tienen la debida prioridad, las empresas de seguridad podrían paliar el fuerte impacto en la disminución de la demanda de sus servicios tradicionales por parte de los sectores más afectados por esta pandemia. Disminución que seguirá experimentándose en otras actividades en las que, aunque menos afectadas o con mayores recursos, la autorización para su plena reactivación deba todavía esperar varios meses.
Pero será una aportación relevante no solo para combatir el deterioro de sus cuentas de resultados (todavía no recuperadas desde la anterior crisis de 2008) y el derivado impacto en el nivel y calidad del empleo, sino también para el conjunto de la sociedad dado el papel esencial de la seguridad privada, que se ha visto claramente visibilizado y reforzado en esta crisis y que puede y debería incluso reforzarse en la fase de vuelta a la nueva normalidad.
