La Agencia Española de Protección de Datos considera que es legal recoger imágenes y sonidos de sus actuaciones, siempre y cuando no haya difusión de las mismas
Los vigilantes de seguridad podrán equiparse con microcámaras para grabar imágenes y sonidos de sus intervenciones, según ha explicado el sindicato Alternativa Sindical, que consultó si era legal este uso a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Este sindicato envió un escrito a la administración para conocer si estos trabajadores no vulneraban la ley al utilizar microcámaras adheridas al pecho en sus actuaciones.
La AEPD respondió el pasado 24 de agosto a este requerimiento y entendió que no había impedimentos para su uso mientras no se vulnere el tratamiento de las imágenes, es decir mientras no haya difusión de las mismas.
Denuncian el aumento de las agresiones tras el estado de alarma y la obligatoriedad de la mascarilla
En una nota de prensa, Alternativa Sindical denuncia que desde el final del estado de alarma y con las nuevas medidas, como el uso obligatorio de mascarilla en el transporte público, las agresiones a los vigilantes de seguridad han aumentado.
Ante esta situación, el sindicato cree que la grabación de imágenes y del audio de las intervenciones puede ser de “gran utilidad” a la hora de comparecer en sede judicial y para mitigar este tipo de sucesos.
Para la Agencia de Protección de Datos, el uso de estas cámaras es compatible con la normativa siempre que el acceso a estas imágenes esté restringido a las personas designadas por el responsable del tratamiento y no a terceros.
Imágenes protegidas con código de usuario y una contraseña
La administración explica que si el acceso a los videos se realiza por internet, tiene que haber un código de usuario y una contraseña, que solo sean conocidos por las personas autorizadas.
Alberto García, portavoz de Alternativa Sindical, considera que esta resolución es un “paso más” para “garantizar la seguridad e integridad física de los vigilantes”, quienes han sufrido más de 200 agresiones graves en lo que llevamos de año.
Y confía en que “los vigilantes grabarán sus intervenciones dentro del máximo respeto constitucional, y como prueba de cargo si se requiriese en sede judicial, de todos aquellos ilícitos penales de los que fueran testigos”.
Además, defiende que este colectivo ya maneja miles de sistemas de tratamiento de datos y grabaciones de imágenes a diario en “todo tipo de centros comerciales y establecimientos sin ninguna incidencia”.