No podemos permitir que condenados por delitos de terrorismo se sirvan de la legislación penitenciaria para dejar sin contenido las condenas penales fijadas en sentencia
Bruselas, 26 de junio de 2018, comparece el recién investido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras una de las sesiones del Consejo Europeo. En respuesta a una pregunta de uno de los corresponsales que cubren la reunión, confirma lo anunciado dos días antes en su primera entrevista como presidente en Televisión Española, habrá cambios en la política penitenciaria: «ETA fue derrotada por la democracia y, en consecuencia, lo que tenemos que plantear como Gobierno, esa es nuestra responsabilidad y para eso pido apoyo de la Cámara, es revisar la política penitenciaria y adecuarla a una nueva realidad, siendo empáticos, por supuesto, con las víctimas del terrorismo».
Este anuncio lo realizaba precisamente un 26 de junio pocas horas antes de que se celebrara en el Congreso de los Diputados el tradicional acto de homenaje a las víctimas del terrorismo en su día nacional. De ahí lo de la empatía con las víctimas del terrorismo…
La AVT estará vigilante ante los próximos movimientos que vaya a realizar el Gobierno
Las víctimas del terrorismo empiezan a inquietarse, y así se lo trasladan a la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, que reivindica la necesidad de mantener la política de dispersión para la reinserción de los presos etarras y anuncia que: «la AVT estará vigilante ante los próximos movimientos que vaya a realizar el Gobierno».
Centro Penitenciario de Villabona (Asturias), 8 de agosto de 2018, el Gobierno traslada a los presos de ETA Olga Sanz y Javier Moreno a la cárcel de Basauri. A la primera le habían concedido el tercer grado el anterior Ejecutivo, el segundo en julio de ese año. Ambos son pareja y son trasladados a una prisión cerca de su núcleo familiar para poder disfrutar de las ventajas del tercer grado. Aunque todavía no se trata de un movimiento de la nueva política penitenciaria, sí que supone un anuncio de lo que vendrá después.
Madrid, 21 de julio de 2020, el Ministerio del Interior comunica la decisión del traslado de otros tres presos de ETA a cárceles más próximas a sus domicilios. Por ahora, son los últimos de los 49 traslados aprobados y de los que han sido informados las asociaciones de víctimas.
Podemos decir que, desde septiembre de 2018, ha habido un salto, tanto cuantitativo como cualitativo, en lo que a los traslados se refiere. Hemos pasado de 17 traslados en 2018 y 11 en 2019, a 21 en lo que va de año. Pero lo más preocupante es que hemos pasado de condenados por delitos menores —depósito de explosivos y armas o colaboración— con pocos años de condena pendiente por cumplir, a condenados por delitos muy graves —tanto de sangre como no— a los que, en algunos casos, les queda casi la mitad de la condena por cumplir.
La inquietud es máxima entre el colectivo de víctimas del terrorismo. La Asociación Víctimas del Terrorismo, que engloba a más de 4.700 víctimas del terrorismo, consiguió el compromiso del Ministro Marlaska —en la primera reunión que mantuvo con él, el 13 de septiembre de 2018— de informar previamente de cada uno de los movimientos. «No es lo mismo que las víctimas se enteren por la prensa a que se enteren por nuestros psicólogos y abogados», le trasladó la presidenta de la AVT. Si bien es cierto que en un principio, junto con el compromiso de no trasladarlos a cárceles del País Vasco y de hacerlo únicamente con aquellos presos a los que les quedarán pocos años de condena por cumplir, se optó por el no acercamiento de presos con delitos de sangre —lo que implicaba que no tuvieran víctimas directamente afectadas—. A partir del 30 de diciembre de 2019 cambió con el acercamiento del dirigente de ETA José María Arregi Erostarbe, alias Fiti. Convirtiéndose en algo progresivo durante el 2020, con el traslado de 21 condenados por terrorismo, teniendo seis de ellos condenas por delitos de sangre y por tanto víctimas directamente afectadas.
En las llamadas que desde la AVT se realizan a esas víctimas para advertirles de lo que poco después van a conocer por los medios de comunicación, hay una respuesta común: «¿Pero… y por qué? ¿Qué necesidad hay?». Estas son preguntas a las que nos cuesta dar respuestas.
Podríamos decirles que es la ley, como cuando les anunciamos la puesta en libertad del terrorista que ha asesinado a su familiar por cumplimiento definitivo de la condena, lo cual aceptan resignadas. Pero en este caso no es así. Es tan legal acercarles como no hacerlo porque el destino de cada uno de los presos es una decisión discrecional de la administración penitenciaria. O lo que es lo mismo: el acercamiento o alejamiento de un preso etarra es una cuestión de política penitenciaria, no de legalidad penitenciaria.
Podríamos decirles que es fruto de una negociación del Gobierno con los nacionalistas y los herederos de los batasunos pero tampoco tenemos esas certezas. Además, no nos corresponde a los profesionales que nos dedicamos a la asistencia legal y psicológica de las víctimas realizar esas afirmaciones con el daño que en las víctimas podría ocasionar sin estar completamente seguros. Sería irresponsable.
O simplemente podemos guardar silencio y comprometernos con ellas en que haremos todo lo que esté en nuestra mano para que cumplan íntegramente sus condenas. Porque esto es lo que está en juego. El premiar a los terroristas acercándoles a sus núcleos familiares, nos preocupa. Pero lo que de verdad nos preocupa es que ese sea un paso previo a excarcelaciones anticipadas. Primero se les concede la progresión a segundo grado o se les flexibiliza el primero aplicándoles el art. 100.2 RP. Después se les acerca, para acabar concediéndoles el tercer grado y abriéndoles la puerta a acceder a la libertad condicional antes del cumplimiento íntegro de sus condenas.
«El derecho penitenciario no puede convertirse en la puerta de atrás del derecho penal y facilitar la excarcelación anticipada de los presos terroristas»
Este temor se funda en dos realidades. En primer lugar los datos: de los 49 acercados, a ocho se les ha progresado al tercer grado, y dos de ellos gozan ya de la libertad condicional. Y, en segundo lugar, las verdaderas intenciones de los presos etarras. Estas se reflejan con nitidez en las declaraciones del expreso Gorka Fraile —primer acercado que ya está en libertad condicional—, poco tiempo después de salir de prisión, el pasado 19 de abril. En una entrevista, además de reconocer que están asumiendo la legalidad como «método de lucha», expone el proceso que deben de seguir cada uno de los presos para vaciar las cárceles: «Con mi excarcelación cae una barrera más. Como he dicho antes, aunque por ahora son muy pocos y pocas, cada vez son más los que están consiguiendo que se les conceda el paso a segundo grado y algunos permisos. El siguiente paso a los permisos es el tercer grado… Está claro que para conseguir que esta situación se normalice es necesaria la presión social. Tenemos que empezar a creernos que es posible, que hay que vaciar las cárceles y para ello existen mecanismos que nunca habíamos utilizado. Son nuestros derechos».
Y esta es la clave. Cuando la AVT le reclamó al Ministro Marlaska que se les exigiera la colaboración con la justicia como señal de verdadero arrepentimiento para tomar cualquier decisión que suponga una mejora en la situación penitenciaria de los presos de ETA, se nos dijo que eso no lo exige la ley y que bastante es que se les exige condenar la violencia y asumir la legalidad penitenciaria. Sin embargo, esa condena de la violencia y esa asunción de la legalidad penitenciaria se quedan en papel mojado si los presos lo utilizan como «método de lucha para vaciar las cárceles» y después son recibidos como héroes en sus pueblos. Porque no nos engañemos: no los quieren cerca, los quieren libres.
No podemos permitir que condenados por delitos tan graves como los de terrorismo se sirvan de la legislación penitenciaria, y de la política penitenciaria, para dejar sin contenido las condenas penales fijadas en sentencia y la legislación penal para el cumplimiento íntegro y efectivo de las condenas. El derecho penitenciario no puede convertirse en la puerta de atrás del derecho penal y facilitar la excarcelación anticipada de los presos terroristas —ya sea por medio de terceros grados encubiertos derivados de la aplicación del art. 100.2 RP, o ya sea por la aprobación de libertades condicionales— si no es con un plan de tratamiento individualizado, excepcional y encaminado claramente a su resocialización y reinserción, para lo cual consideramos clave la exigencia de la colaboración con la justicia.
En esto juega un papel fundamental también el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional y la Sección Primera de la Sala de lo Penal de esa misma Audiencia, encargada de la resolución de los recursos de apelación contra las resoluciones del primero. En los últimos meses hemos sido testigos tanto de la concesión de flexibilizaciones de grado por parte del juez de Vigilancia Penitenciaria como de regresiones de grado ordenadas por la Sección Primera por incumplir con los requisitos legales. Para ello es fundamental el rol que juega el fiscal de Vigilancia Penitenciaria, toda vez que las posibilidades que tienen las víctimas de recurrir estas decisiones son mínimas —quedando vetada únicamente a la posibilidad de recurrir la libertad condicional—.
Hay una realidad que no por dolorosa va a ser evitable. En los próximos 3-4 años el colectivo de presos se verá reducido a la mitad porque los presos etarras irán saliendo en libertad por cumplimiento de sus condenas. Para que salgan mejor de lo que entraron, y aunque no consigamos que salgan arrepentidos, intentemos que por lo menos no salgan orgullosos de los graves crímenes cometidos. Está en juego la fortaleza de nuestro Estado de derecho y la garantía de que la violencia terrorista no vuelva a nuestro país. Quizá no de la mano de los que estuvieron presos, pero sí de la de sus hijos y nietos.