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Así «ciberpatrulla» el Gobierno las redes sociales en busca de «discursos peligrosos»

Daniel J. Ollero

Existen «elementos que tratan de intoxicar, causar desasosiego y de manipular a la opinión pública», aseguran desde el ministerio

Además de perseguir delitos, el Gobierno barre las redes sociales en busca de mensajes que no son necesariamente ilegales. El propio Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se refirió a ellos como «discursos peligrosos» durante una comparecencia pública este fin de semana. En ella, aseguró que los funcionarios públicos están monitorizando las redes sociales «con el fin de comprobar algunos discursos que puedan ser peligrosos o delictivos», además de detectar «campañas de desinformación».

La frase del ministro Marlaska fue del detonante de una intensa polémica ya que establecía una clara distinción entre los discursos potencialmente «delictivos» y aquellos simplemente «peligrosos». Pero, ¿cuál es la definición exacta del Gobierno para una expresión tan ambigua como «discurso peligroso»?

«Hay elementos que vemos a diario y que, sin revestir carácter delictivo, tratan de intoxicar, causar desasosiego y de manipular a la opinión pública», precisan fuentes del ministerio. «No solo constituye un atentado contra la salud democrática, sino también un atentado contra la salud pública, ya que la materia prima de muchos de los bulos y desinformaciones que se están lanzando estos días no es otro que algo tan esencial y crítico como la propia salud».

Las declaraciones de Grande-Marlaska se han unido en los últimos días a otras dos polémicas relacionadas con el control de la información. Una, la reciente limitación del reenvío de mensajes en WhatsApp -cuyo propietario es Facebook- para, según afirman, combatir las fake news. En segundo lugar, el cuestionamiento de las empresas periodísticas contratadas por Facebook (AFP, Newtral y Maldita) para detectar los bulos y evitar su propagación.

Aunque se trata de tres hechos independientes, se han malinterpretado como parte de un mismo plan. Sectores conservadores y líderes de opinión de la sociedad española apuntaron a un presunto acuerdo entre el Gobierno, Facebook y las empresas encargadas de la verificación de contenidos con la finalidad de limitar la libertad de expresión.

Desde el canal oficial de Vox incluso animaron a sus simpatizantes a migrar a otro servicio de mensajería, Telegram, para «defender a España sin censura». Además, su portavoz parlamentario, Ivan Espinosa de los Monteros, aseguró que se estaba produciendo «una migración masiva» de usuarios de WhatsApp a Telgram «porque la gente está harta de que los progres pretendan controlarlo y censurarlo todo, hasta nuestros mensajes privados«.

Más allá de la coincidencia temporal, el anuncio de WhatsApp no guarda ninguna relación con las declaraciones de Grande-Marlaska. El cambio se comunicó días antes y se trata de una medida cosmética a nivel mundial para proteger la maltrecha imagen pública que tiene su empresa matriz, Facebook, debido a su demostrada falta de escrúpulos a la hora de respetar la privacidad de sus usuarios. Además, se trata de una limitación que se puede sortear fácilmente: basta con copiar y pegar los mensajes a distintos contactos.

Por otro lado, los mensajes de WhatsApp se encuentran protegidos por un sistema de cifrado de extremo a extremo que impiden que el propio WhatsApp, Newtral o Maldita puedan leer, censurar o modificar los contenidos que se intercambian los usuarios. Su rol es más sencillo: son, junto a AFP, los verificadores de información que Facebook da como referencia para resolver dudas relacionadas con noticias que puedan tener los usuarios en España.

El propio Facebook se vio obligado a desmentir las acusaciones en un comunicado para España: «El límite de reenvío automático se aplica sistemáticamente en todo el mundo y no tiene relación alguna con la verificación de información en WhatsApp o en Facebook».

Sin embargo, la ausencia de colusión entre Facebook y el Gobierno no resta importancia a las prácticas anunciadas por Interior, ni invalida el debate sobre el papel que los propietarios de las redes sociales juegan a la hora de controlar o difundir la información.

En este sentido, el analista y Coronel del Ejército de Tierra Pedro Baños dice que «se trata de un campo muy sensible porque las redes se están volviendo cada vez más importantes para los Gobiernos«. También alerta de que «Facebook, una multinacional con intereses económicos, no puede ser quien decida qué es verdad o qué es mentira porque estaría condicionando la capacidad crítica de libertad de expresión».

Sin embargo, el ministro Marlaska manifestó en su comparecencia una postura opuesta. Así, dejó al arbitrio de Facebook, Twitter o YouTube la eliminación de los contenidos: «Son las propias plataformas, siguiendo sus protocolos de actuación, las que acuerdan la retirada de los mensajes. No es el Gobierno, ni el Ministerio del Interior, ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

Además, desde Interior precisan que la retirada de contenidos a las redes sociales solo se solicita «a instancias del órgano judicial correspondiente si reviste carácter delictivo». Y sostienen que la monitorización de las redes «no es una labor que se haya iniciado con el Estado de Alarma, sino que ha sido constante en el tiempo desde hace años».

Entonces, si el ejecutivo no tiene competencias en esta tarea, ni se trata de mensajes presuntamente delictivos, queda una duda ante las declaraciones de Marlaska: ¿por qué el ministro recalcó que el Gobierno monitoriza las redes sociales de los españoles?

«Cualquier Gobierno de cualquier país monitoriza todo lo que está pasado para conocer la opinión de los ciudadanos ante las medidas que lanzan«, afirma Baños, autor Así Se Domina el Mundo y El Dominio Mundial. Sin embargo,incide en que estas acciones de control ciudadano son «un campo delicado«: aunque «algunas medidas son necesarias», manifiesta una preocupación de que «se perpetúen en el tiempo».

En la jerga del ministerio, a esta monitorización se la llama «ciberpatrullaje» y son «las unidades tecnológicas de Policía Nacional y Guardia Civil y los servicios centrales especializados, como la Oficina de Coordinación Cibernética del Ministerio del Interior» quienes se encargan de patrullar Facebook, Twitter, Instagram o YouTube.

La iracunda polémica que ha suscitado se explica, en gran medida, por la idiosincrasia cultural de España. «El gobierno de cualquier país afectado por el Coronavirus va a ser criticado, pero los ciudadanos aceptan las medidas de forma diferente», asegura Baños. «La población de países como China o Singapur está dispuesta a aceptar las pérdidas de libertad a cambio del orden, pero en las democracias liberales occidentales se muestran más reticentes».

Una escala de grises

Los «discursos peligrosos» son una zona gris. Interior reconoce que se identifican a través de mecanismos diseñados para «detectar y perseguir cualquier forma de ciberdelincuencia» pero que «en los últimos tiempos también han servido para detectar campañas de desinformación».

Se hace «un análisis caso a caso para discernir si el bulo es un medio para cometer un delito como infundir odio hacia un colectivo vulnerable», explica interior, «o crear alarma social que implique la movilización de recursos públicos.» Un matiz que no depende del emisor de un mensaje, sino del comportamiento de terceros ante un tuit o un audio de WhatsApp.

En caso de que un mensaje se califique como «peligroso», el gobierno explica que esta información se usa para «emitir recomendaciones que ayuden a los ciudadanos a identificar este tipo de bulos».

Fecha de publicaciónabril 15, 2020

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